Polémica por la gestión del centro de discapacidad de Ourense

El funcionamiento del nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) centró ayer un nuevo choque en el Parlamento de Galicia entre el BNG y la Xunta. La diputada nacionalista Noa Presas acusó a la Consellería de Política Social de cometer una “neglixencia gravísima” en la gestión del recurso, mientras que la conselleira Fabiola García defendió que el centro opera “con total normalidade”.

La denuncia más grave expuesta por el BNG afecta a la convivencia y a la atención dentro del centro. Presas aseguró que, al menos, una familia presentó denuncia ante la Consellería y la Policía por el caso de una usuaria que, según trasladó la diputada, “primeiro estivo sobremedicada” y después fue agredida por otras usuarias “ata en tres ocasións”. La parlamentaria añadió que la familia acabó sacando a la usuaria del centro.

La diputada enmarcó ese caso en una crítica más amplia al funcionamiento del centro. Según el BNG, el recurso arrastra carencias de personal en algunos momentos, dudas sobre el cumplimiento de las ratios, problemas con las cámaras de seguridad y situaciones que habrían requerido la presencia de la Policía Nacional. “Menos xente non pode facer o mesmo traballo”, advirtió Presas. La parlamentaria también censuró que las 30 plazas de centro de día no se activasen hasta hace una semana pese a ser “fundamentais para o respiro familiar”.

La Xunta rechazó esa lectura y defendió que la puesta en marcha del centro se hizo de forma escalonada para garantizar la calidad asistencial, activando primero el área residencial y después el servicio de día. García sostuvo que la residencia está cerca del 90% de ocupación y que el centro de atención diurna ya recibe a sus primeros usuarios. También aseguró que el CAPD cumple las ratios, dispone de profesionales adecuados y ofrece los servicios y actividades previstos.

El centro, destinado a personas con discapacidad mayores de 21 años, dispone de 110 plazas. La Xunta invirtió 10 millones de euros en su creación y sostiene que el recurso refuerza en un 25% la capacidad asistencial pública para discapacidad en la ciudad. García defendió además la labor de Cogami y Menela, las dos entidades gestoras, por su “amplísima experiencia” y “reputación fóra de toda dúbida”.