El PP y PSOE de Ourense afean la “dejadez” de Jácome y le dan 26 millones

El pleno extraordinario celebrado este lunes en el Concello de Ourense escenificó, una vez más, el modus operandi que permite a Gonzalo Pérez Jácome gobernar a placer a pesar de su controvertida gestión económica. Se trata de un guion ya ensayado en las últimas ocasiones. El alcalde lleva a pleno inyecciones de crédito millonarias, PP y PSOE lo critican ferozmente, Jácome los pone a parir y, posteriormente, populares y socialistas justifican su abstención en su intención de no bloquear, instalados en el modo de “oposición responsable”.

PP y PSOE volvieron a ejercer el papel de salvavidas del gobierno de Democracia Ourensana, ahogado por deudas y una gestión económica caótica. Tanto populares como socialistas lanzaron durísimas críticas al alcalde por su “dejadez” e “incompetencia”, pero ambos facilitaron que el regidor sacase adelante los puntos económicos clave: el pago de 24 millones de euros de las deudas a las concesionarias en precario y una modificación de crédito de 2 millones de euros.

El BNG fue el único grupo que mantuvo una oposición frontal, abandonando incluso el pleno al inicio del debate económico por la “perversión” de las sesiones plenarias, dejando vía libre al acuerdo tácito de DO, PP y PSOE.

La sesión, que comenzó dando cuenta de la renuncia del edil socialista José Ángel Vázquez Barquero, entró en materia con el debate de la modificación de crédito para habilitar 24 millones y saldar las deudas con Viaqua (agua) y Ecourense (basura), cuyos contratos llevan años caducados. El concejal del grupo de gobierno Francisco Lorenzo defendió el acuerdo asegurando que las empresas pedían casi 30 millones y se pagarán 24, calificándolo de “ahorro” para el ciudadano. Sin embargo, el BNG, a través de su portavoz, Luís Seara, calificó de “roubo” a los ciudadanos el pago de estas liquidaciones “sen auditoría previa” y sobre un contrato, el del agua, que “non existe” desde 2017. Seara acusó al gobierno de Jácome de ser “un falabarato” incapaz de gobernar “nin unha comunidade de propietarios”.

El momento álgido llegó cuando el secretario del pleno -y ex city manager-, Francisco Cacharro, pidió la palabra para replicar a Seara. El BNG estalló, denunciando que Cacharro actúa como concejal número 11 de DO. “Se quere intervir, que en 2027 se presente por DO”, espetó Seara. Ante la decisión de Jácome de darle la palabra al técnico, acusando al alcalde de “covardía” por usar un “primo de zumosol” ante su falta de argumentos, los cuatro ediles nacionalistas abandonaron el pleno.

Con los nacionalistas ya fuera, la aprobación de los 24 millones quedó en manos de PP y PSOE, y ambos optaron por la abstención. La portavoz socialista, Natalia González, calificó la deuda como el fruto de “unha década de deixadez e incompetencia de PP e DO” y acusó a Jácome de ser un “trileiro e mentireiro”, recordando que el alcalde “foi o que levou ao xulgado ao seu antecesor, Jesús Vázquez, por non ser quen de sacarningunha das concesións”. Pese a la dureza, justificó la abstención para evitar un coste mayor en los tribunales: “Entre Jácome e Ourense, nós escolleremos sempre Ourense”.

El PP adoptó una línea idéntica. Noelia Pérez culpó a Jácome de “dejadez” por no licitar los contratos en seis años, pero afirmó: “No podemos bloquear los pagos, porque le cuesta más a los ciudadano”.

Más acuerdos

Finalmente, se votó también la modificación de crédito por 2 millones de euros, que había sido rechazada en el pleno anterior. Jácome “se autoenmendó” y retiró la polémica partida de 700.000 euros para fiestas, gesto exigido por el PP y cuetionado en la forma por el BNG. La popular Ana Méndez aplaudió la rectificación: “Non estamos en contra das festas, pero pedimos prioridades”. El PSOE, que criticó la “extorsión”, tampoco se opuso. El plan de inversiones de 4,4 millones para bomberos (financiado en un 90% por aseguradoras) también salió adelante.

Aprobado de forma definitiva el “tarifazo” del agua, que es un “esforzo asumible”

El único punto de fricción y en el que Jácome no pudo contar con el PSOE fue la aprobación definitiva del “tarifazo” del agua. La nueva ordenanza reguladora salió adelante solo con los votos a favor de Democracia Ourensana, la abstención clave del PP y el voto en contra de los socialistas.

Este golpe al bolsillo de los hogares ourensanos -al que se sumará el ya avanzado de la basura- es un “esforzo económico asumible”, dijo la concejala de Hacienda, Tamara Silva, quien se justificó en que la ley obliga a cubrir el coste de 9,96 millones del servicio. Según precisó, la subida media para los hogares será de 4,75 euros al mes (9,50 euros en el recibo bimestral) y de 17,22 euros al mes para las empresas (más de 34 euros por factura).

El PSOE, que votó en contra, criticó que se suban las tarifas antes de licitar el contrato, caducado desde 2017. La edil María Fernández denunció que la ordenanza es “deshumanizadora” y “terriblemente conservadora”, lamentando que la bonificación del 100% para exclusión social “só beneficia a 9 fogares” y que se rechazasen las alegaciones de las familias monomarentales “porque, como non son máis, non consumen máis e non poden beneficiarse do mesmo bono que as familias numerosas”.

El PP, por su parte, justificó su abstención en que “a obriga legal” de cubrir costes existe, aunque “as formas non son as máis axeitadas” al estar el contrato vencido.