El presupuesto del Concello de Ourense vuelve a pleno por las alegaciones

El Concello de Ourense encara la recta final para la aprobación definitiva del borrador presupuestario de 2025, para poner fin a cinco años con las cuentas prorrogadas, pero como pronto, las nuevas cuentas no estarán activas hasta bien entrado septiembre. La administración Jácome ha convocado un pleno extraordinario el próximo viernes, 29 de agosto, en el que se resolverán las alegaciones presentadas por distintas personas y colectivos antes de votar su aprobación definitiva, que volverá a depender de un apoyo explícito o la abstención del PP.

Dos personas físicas -un exasesor y un funcionario-, el sindicato CSIF, la agrupación vecinal Miño y la agrupación de comerciantes de la Plaza de Abastos nº1 han ido presentando en el registro municipal sus objeciones al proyecto económico del gobierno municipal. Algunos de ellos han recibido -las dos personas físicas alegantes- han recibido desestimación vía el “coordinador municipal”, en un documento firmado por Francisco Cacharro, que ya es secretario de pleno. Una de las desestimadas es la de José Manuel Palacios, que sostiene que es “nulo de pleno derecho” el presupuesto.

Personal

Dos son las alegaciones presentadas que ponen el acento en cómo afectará el borrador a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un apartado que se vio especialmente perjudicado por la derogación parcial de las cuentas vigentes.

La primera está presentada por el funcionario José Antonio Pérez, quien observaba que el reparto de fondos le dejaba “en una situación de indefensión”, ya que su puesto original como Coordinador de Participación Ciudadana se queda sin asignación económica, lo que le deja “en un limbo si la justicia anula mi nombramiento”, una observación contra la que el gobierno municipal argumenta que “hay un excedente de 4,5 millones de euros para cubrir cualquier obligación futura y eventual”.

También el sindicato CSIF alerta que las nuevas cuentas esconden “una modificación encubierta de la RPT”, lo cual “viola la Ley de Empleo Público”; contra lo que el Concello califica la relación de puestos como “una herramienta organizativa, y no una obligación de gasto”.

Obras y ayudas

Por su parte, la Agrupación Vecinal Miño reclama recuperar fondos para las entidades sociales, y un convenio que garantice su financiación. Por último, los placeros de la Alameda reclaman al consistorio fondos para finalizar las obras del mercado -que estipulan en 2,5 millones, de los cuales 1,5 los aportaría la Xunta- a lo que el Concello sostiene que “mientras no haya sentencia firme, no existe una obligación legal para dotar esos fondos”.