Procesado un clan familiar por trata: “No olvides que no eres nada”

No era un piso de citas cualquiera. Lo que el magistrado Leonardo Álvarez describe en sus autos de procesamiento no es solo prostitución; habla de una especie de pyme familiar de la explotación humana. En el epicentro de la trama, el número 37 de la calle Bonhome de Ourense, auque también se alude a otro piso de citas en Vasco Díaz Tanco. Dentro, un régimen carcelario de 24 horas, cámaras de vigilancia y un clan, la familia Ortiz, que ha sido procesada por trata de seres humanos (prostitución coactiva), organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. En los autos judiciales, a los que ha tenido acceso este periódico, se alude a una red que convertía la necesidad ajena en fortuna ilícita.

Declaraba 1.300 euros y ganaba medio millón

En la cúspide de la pirámide se sitúa Cristian Felipe Ortiz García. Para la Agencia Tributaria, era un ciudadano en precario: en 2019 declaró en su Modelo 100 unos rendimientos netos de 1.384 euros. La realidad judicial es abrumadora: la investigación estima que la organización movía un volumen de negocio real de 540.000 euros anuales.

Según la información recabada en los pinchazos telefónicos, las tarifas estándar que la organización comunicaba a los clientes eran de 50 euros por media hora y 100 euros por una hora. Se especificaba que este precio incluía penetración, diferentes posturas y besos sin lengua (los besos con lengua tenían un coste adicional). No obstante, en las conversaciones entre los investigados también se mencionan otros pagos de importes variables según el caso, como 120 euros por una hora o acumulados de 150 euros por los servicios de una misma mujer en caso de incluirse extras sexuales, desplazamientos o drogas.

Cristian no dejaba nada al azar. Según el auto, emitía facturas falsas ad hoc, con numeración rectificada a lápiz y conceptos vagos como “servicios de atención privada”, para blanquear el flujo de efectivo. Incluso redactó un contrato de alquiler falso de 500 euros sobre la vivienda de Bonhome para justificar ingresos. El juez le ha impuesto una fianza de 10.000 euros, la más alta de todos los procesados.

Fiesta y Azules 

El negocio no se limitaba al sexo. Las escuchas telefónicas interceptadas por la Policía Nacional y transcritas en el auto revelan un supermercado de estupefacientes. La cocaína era “fiesta” o “temas”; la Viagra, “azules”.

En una conversación del 16 de noviembre de 2022, Ginny Paola Ramírez (alias “Paola”), la presunta encargada del piso, informaba a Cristian con euforia sobre el stock de droga: “No quedó nada, amor... no hay ni cigarrillos, todo se vendió, gracias a Dios”.

La droga tenía una doble función: lucro y control. A las mujeres, agotadas por jornadas de 24 horas sin descanso, se las “animaba” o coaccionaba a consumir cocaína para que aguantaran más servicios. El registro policial fue contundente: en un armario cerrado con candado en el salón aparecieron 159 gramos de cocaína, balanzas y botes de cafeína para cortar la droga, además de 77 pastillas de Viagra.

El terror psicológico

Si Cristian era el supuesto cerebro, su madre, Ana Mercedes García Valderrama, era el brazo ejecutor del miedo. Las testigos protegidas la señalan no solo como la telefonista, sino como la encargada de que nadie olvidara su lugar.

El auto recoge las frases textuales con las que amenazaba a las víctimas, mujeres vulnerables captadas en Colombia bajo la promesa de un futuro mejor: “No se te olvide muchachita que tú no eres nada”. “Usted sabe perfectamente lo que ha dejado en su país”. “Aquí los que tenemos papeles somos nosotros”.

Ana Mercedes, que recibía transferencias bajo el concepto de “mamá”, ha sido procesada con una fianza de 6.000 euros. Su esposo y padre del presunto líder, Wilson Javier Ortiz, según el sumario, ejercía de “taxista” y guardián, controlando las salidas de las chicas y gestionando los billetes de avión de “ida y vuelta” para simular turismo. Los de vuelta jamás se usaban. 

Las multas

La explotación laboral estaba reglamentada. Las víctimas contraían una deuda de 3.000 euros al llegar, se les retiraba el pasaporte y se les imponía un sistema de multas draconiano.

En una escucha del 17 de noviembre de 2022, Cristian reprende a Paola porque las chicas no cumplen el horario estricto: “Yo lo siento por tu hermana y lo siento por la chica nueva, pero las dos ya saben que se les va a descontar el dinero... Ellas saben que están multadas”. Multas por tardar en el supermercado, por descansar o por rechazar clientes. Incluso, cuando no había, el propio Cristian “se acostaba” con ellas.

En medio de este entramado, el juez ha trazado una línea roja. Aunque la sociedad Fidalgo Gestores y Asesores S.L. figuraba como investigada, el magistrado ha dictado auto de sobreseimiento y archivo para la entidad. El juez concluye que, aunque Cristian usaba facturas irregulares, no hay indicios suficientes de que la gestoría participara conscientemente en la trama criminal de explotación sexual y tráfico de drogas.

La instrucción está prácticamente cerrada, y se citó a los procesados para sus declaraciones indagatorias el 9 de abril. Además de Cristian, sus padres y Paola, se señala a otros colaboradores necesarios para el funcionamiento de la maquinaria: Yorlequis Nairovick (sucedió a la madre de Cristian como telefonista y captadora y presuntamente participaba en el engaño a las mujeres en origen o preparaba las dosis de droga); Andrés Mauricio Montaño (el primo de Cristian que asumió las funciones de transporte y entrega de drogas cuando el padre (Wilson) viajó a Colombia) y Pablo José Pereira Orozco (realizaba traslados y recados para la organización, conduciendo vehículos a pesar de carecer de carné).

 Todos ellos se enfrentarán a peticiones de prisión importantes por delitos que van desde la trata de seres humanos hasta el tráfico de drogas y organización criminal.