Raptadas, golpeadas y drogadas en un piso prostíbulo de la ciudad

Ourense ha saltado en el radar de los cuerpos policiales que luchan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una actividad delictiva con muchísimos tentáculos, comandada por grupos criminales, fundamentalmente clanes familiares en el caso de la provincia. En estos momentos, hay dos grandes investigaciones judicializadas. Una está en plena ebullición, con una parte aún secreta. Las diligencias están lideradas por la Guardia Civil de Ourense, la Unidad Central Operativa (UCO) y el Juzgado de Instrucción 1 de Carballiño, en torno al club Ninfas de Maside, un histórico del ramo, tras las siete detenciones practicadas en junio de 2024 y la liberación de nueve mujeres colombianas. A día de hoy seis de los detenidos siguen en prisión y hay ocho testigos protegidas.

La instrucción de la otra gran causa está más avanzada para que pueda ser juzgada en la Audiencia de Ourense, tras un largo periplo que comenzó con dos primeras denuncias en la Comisaría de Ourense a comienzos de 2022. El juez titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, acaba de dictar auto por el que transforma las diligencias previas en sumario en el que figuran como investigadas las siete personas que el Grupo I de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Ourense vinculan a una organización criminal que operaba en torno a un piso de citas en el 37 de la calle Bonhome.

En ese lugar, mujeres de origen sudamericano, colombianas y venezolanas fundamentalmente -asegura el magistrado- “eran prostituidas y sometidas a condiciones de trabajo extremas, con violencia física, y obligadas a consumir cocaína, procediéndose también a la venta de estas sustancias a los clientes al igual que estimuladores sexuales sin la preceptiva prescripción médica”. El instructor cree que hay documentación abundante e indicios sólidos para acusar a un clan familiar de origen colombiano, con el que colaboraban terceras personas, de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Según relataron las mujeres -a seis se les dio cobertura como testigos protegidas para preservar su seguridad-, eran inducidas a consumir drogas, tanto ellas como los clientes. El fin era que aguantasen más y que el desembolso económico de los clientes fuese mayor.

Ingresada por sobredosis

Aunque no pudo ser identificada la perjudicada, el juez y la fiscal tuvieron conocimiento de una joven que tuvo que ser hospitalizada en el CHUO por una sobredosis de cocaína, relacionada con las “fiestas blancas” en el piso. “En algún caso se las llevaba al hospital y en otros esperaban a que los efectos se pasasen”, confesó una de las denunciantes.

En el registro policial de la vivienda que servía de prostíbulo, los días 9 y 10 de febrero de 2023, además de intervenir documentación alusiva a la explotación sexual, los agentes se incautaron de 159 gramos de cocaína en roca (más pura), cuatro envoltorios monodosis dispuestos para la venta, sustancias de corte, 75 pastillas de Sildenafil (medicamento utilizado para tratar la disfunción erectil) y 18.100 euros en efectivo.

Según los investigadores, el grupo asentado en Ourense, supuestamente liderado por Cristian Felipe O.G, el único que estuvo en prisión provisional y que después eludió con una fianza de 12.000 euros, “captaba a jóvenes extranjeras en situaciones de vulnerabilidad, tanto en España como en sus países de origen”. Comenzaban a conversar por redes sociales, y no les mentían acerca del trabajo que vendrían a realizar, pero sí sobre las condiciones. Así, aprovechando su precariedad económica, las convencían para trabajar en España. “Los investigados les facilitaban su entrada ilegal en el Espacio Schengen para ser trasladadas hasta Ourense, donde eran explotadas sexualmente en pisos de citas hasta saldar la deuda contraída -las mujeres hablan de 3.000 euros- con el grupo criminal”.

Con el supuesto captador y dueño del piso, colaboraban estrechamente -destaca el juez- sus padres, Wilson Javier O.V. y Ana Mercedes G.V.. El primero trasladaba a las víctimas a lugares donde se requerían sus servicios y compraba los billetes de avión de las víctimas traficadas a España. A la madre, se le atribuye el papel de telefonista, recepción de clientes y mantenimiento del inmueble. En la trama -detalla el magistrado- también aparece Yorlequis N. (telefonista y encargada de contactar con las posibles víctimas en sus países de origen); Andrés Mauricio M.G. (sustituía al cabecilla cuando se ausentaba); Ginny Paola R. (“mami” -encargada- del piso); Pablo José P.O. (asumía los traslados, a pesar de carecer de permiso de conducir, y recadero de Cristian) y Mónica L.F. (encargada de la contabilidad, quien dijo al juez que desconocía el origen de los ingresos).

El local dedicado al sexo de pago constaba de cuatro habitaciones y una recepción. Las mujeres vivían y trabajaban allí. Relataron a la Policía extenuantes jornadas, en las que no se cambiaban las sábanas salvo que estuviesen muy sucias. Utilizaban preservativos que debían comprar al presunto cabecilla (20 condones por 10 euros).

Cristian, según dijeron, también les indicaba cómo tratar a los clientes y era él quien se los adjudicaba. La hora se pagaba a 100 euros (140 si se salía fuera) e incluía penetración y diferentes posturas. Se negociaba el precio en caso de que fuese menos tiempo o hubiera determinados “extras” como besos con lengua u otras prácticas.

A tenor de ese relato, Cristian les retiraba el pasaporte a las chicas con deuda sin saldar: incluía el coste de billetes de avión de ida y vuelta (para acreditar la entrada al país como turistas) y traslados. “Cuando quieren enviar dinero a sus familias él mismo las lleva en su vehículo y les deja el pasaporte desde un locutorio cercano a una gasolinera, pero al acabar de realizar la gestión les vuelve a quitar el pasaporte”, recoge el atestado policial.

Las denunciantes también salían a hoteles o casas de clientes. Y cuando no tenían trabajo nocturno, el cabecilla, según se recoge en el sumario, “les inducía a tener relaciones sexuales con él”.