Una profesora de Ourense pide 6.000 euros por sentirse acosada por dos padres

¿Dónde termina la libertad de cátedra y dónde empieza el maltrato al alumnado? Esta es la pregunta que en forma de sentencia debe responder el magistrado Leonardo Álvarez, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. En el banquillo, dos padres acusados de coaccionar a una profesora de matemáticas del IES As Lagoas. Sin embargo, los testimonios escuchados en el juicio desarrollado ayer dibujan una realidad muy distinta a la de una venganza individual por un suspenso: “Lo que se juzga es, en realidad, el estallido de indignación de más de una veintena de familias ante los cuestionables métodos de una docente y la inacción del equipo directivo”, tal como destacó el abogado Javier González Sánchez.

El origen del conflicto, según la versión de la madre inculpada en un delito de coacciones leves, radica en “la frustración y desesperación de nuestros hijos en las clases de matemáticas del primer curso de Bachillerato que impartía en el IES As Lagoas”.

El punto de inflexión llegó el 11 de diciembre de 2024, cuando la profesora decidió incluir temario “sin explicar y sin previo aviso” en un examen previsto para el día siguiente. La desesperación de los estudiantes fue tal que se plantearon, a través de un grupo de WhatsApp, entregar el examen en blanco, relató en el juicio la madre acusada.

Pero la gota que colmó el vaso fue el trato personal. Los alumnos confesaron a sus familias que “no hacían preguntas por miedo” a las represalias y humillaciones públicas. Según relataron los padres en el juicio, la docente llegó a negarse a resolver dudas y espetó a los menores que “parecían retrasados”. Ante esta situación insostenible, los padres decidieron unirse.

La acusación particular (el fiscal pidió el sobreseimiento de la denuncia), que exige a los dos procesados el pago de 6.000 euros de indemnización y 90 días de multa (10 euros al día), alegando que la profesora tuvo que dejar la docencia por “estrés postraumático” durante el pasado curso (desde finales de febrero), intenta presentar el caso como una cruzada personal de dos padres resentidos. Sin embargo, la prueba testifical contraatacó la narrativa del hostigamiento, solo corroborada por la entonces directora. “La acusada me dijo en una reunión que su propósito era que se fuera del centro y me llegó a decir: ‘Tu no me conoces a mí (…)”.

La propia tutora del curso afectado reconoció ante el juez que “más del 50% de los padres de la clase estaban implicados” en las quejas y que ella misma estuvo presente en las concentraciones, a las que incluso llegaron a bajar “unos cuantos profesores” del centro.

Otras dos madres testificaron bajo juramento para ratificar que el matrimonio acusado no actuó por libre, sino que las decisiones se tomaron “de común acuerdo” y con el “consenso” de todos. La madre imputada fue, simplemente, la elegida democráticamente como portavoz de la plataforma “Derecho a Aprender Matemáticas”.

Esquelas satíricas

Ante lo que consideraban un muro por parte de la dirección del IES As Lagoas —que se limitó a decir que “todo era correcto” tras una primera reunión—, las familias elevaron sus quejas a la Consellería de Educación y pasaron a la acción. Organizaron concentraciones todos los miércoles durante el recreo, recabando incluso el apoyo de antiguos alumnos que ya habían sufrido los métodos de la profesora. Como acto de protesta simbólica, el 24 de febrero empapelaron los alrededores del instituto con esquelas satíricas lamentando el fallecimiento de “D. Derecho a Aprender Matemáticas”.

Durante el juicio, la acusación intentó utilizar el hecho de que los acusados son policías nacionales —y que acudieron “uniformados” al centro en una ocasión tras un parte disciplinario a su hijo— para dibujar un cuadro de intimidación. No obstante, la defensa fue tajante: pedir explicaciones no es un delito. El abogado solicitó la libre absolución, recordando que los actos de protesta, aunque a los ojos de la profesora resultaran “hirientes o jocosos”, están totalmente despenalizados. Subrayó, además, que jamás hubo “ni un solo contacto” directo de los denunciados con la denunciante.