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VIOLÓ LA ORDEN DE PROTECCIÓN
Según la fiscal y la acusación particular, Francisco Javier llamó en 20 ocasiones (15 llamadas y cinco videollamadas) a su expareja en el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 7 de enero de 2024. No podía comunicar con ella porque el Juzgado de Violencia de Género dictó, el 5 de enero de 2023, una orden de protección que le impedía llamar a la perjudicada y aproximarse a ella a menos de 200 metros.
El inculpado negó que hubiera comunicado con ella y la responsabilizó de una especie de trampa para denunciarlo: “Me clonó el teléfono y contrató 15 líneas a mi nombre, por desgracia”. La fiscal no considera creíble esa versión por los escasos estudios de la denunciante (la Enseñanza Secundaria Obligatoria y algún curso) y sus limitadas posibilidades económicas para contratar ese trabajo.
Otra de las sorpresas del juicio fue la titularidad del teléfono en el que se recibieron las llamadas con la orden de prohibición de comunicación vigente. Poco después de los hechos, en febrero de 2024, la titularidad del contrato pasó al inculpado. “Anteriormente, pertenecía a la denunciante y lo utilizaba ella”, confirmó la agente de la Policía Nacional encargada de su protección.
Francisco, que se pasó buena parte de la vista oral sollozando, se declaró víctima de su expareja: “Me estuvo drogando y envenenando con burundanga, que me metía en la comida y la bebida, desde 2022 y llegué a estar en coma”, declaró para sorpresa de la sala y sin presentar ningún tipo de prueba.
La versión que ofreció la denunciante fue totalmente opuesta: “Le tengo mucho miedo a esta persona porque anda con gente peligrosa y tengo miedo, no puedo andar sola por la calle”, declaró.
La fiscal interesó una condena de cárcel: un año por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. La defensa, por contra, la absolución.
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