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Las estafas perpetradas con los bonos comercio que improvisó el alcalde Gonzalo Pérez Jácome poco antes de las elecciones de 2023 comenzaron a desfilar por los dos juzgados penales de Ourense la pasada semana. A las dos condenas de hace unos días, se sumó este lunes una nueva. Tal como ocurrió en los otros casos, los inculpados no pelean la absolución. Saben que en los negocios nadie regala nada y están bien pillados por la investigación policial.
Este lunes fue el primero de los juicios en los que la letrada del Concello estuvo presente como acusación particular. En los anteriores procesos, el ente público no fue “invitado” (no hubo ofrecimiento de acciones) por el juez instructor para que se personase en la causa pese a que figura como denunciante.
La Administración local abrió una investigación interna cuando le llegaron las reclamaciones de vecinos censados en el término municipal que quisieron descargar el bono de 100 euros y descubrieron que sus datos ya habían sido utilizados para ese fin. Claro está, sin su consentimiento. Fue así como tuvo conocimiento de forma directa de 95 fraudes.
Estaba en Vinos y un desconocido le ofreció de madrugada la compra de los bonos a él y a sus amigos
El joven Álvaro F.P. aseguró este lunes que fue la persona que utilizó de forma fraudulenta seis bonos en productos tecnológicos adquiridos en la tienda Apple de la calle Curros Enríquez. Según confesó durante la instrucción, quería hacer regalos a su novia. En esa fase del procedimiento, también relató que estaba con un grupo de amigos en la zona de Vinos cuando un desconocido les ofreció la opción de comprar bonos con ventajas añadidas. Todos rechazaron la propuesta salvo él. Pagó 300 euros, previo paso por el cajero automático, y recibió seis códigos QR que garantizaban 600 euros para la adquisición de bienes o servicios en los establecimientos comerciales o de hostelería del término municipal.
Fue denunciado y este lunes aceptó una pena de seis meses de cárcel y el pago de 600 euros: 300 para el Concello de Ourense (por el dinero retribuido a los perjudicados) y otros 300 para tres vecinos que perdieron la opción de utilizar el bono al ser suplantada su identidad. Álvaro no ingresará en prisión siempre que abone la responsabilidad civil y no vuelva de delinquir en los próximos dos años.
Hasta la fecha, se consiguió recuperar judicialmente el dinero con respecto a 14 bonos fraudulentos. En los próximos meses, habrá un goteo continuo de casos como los ya juzgados por delitos de estafa. Mientras, el Juzgado de Instrucción 1 tiene sobre la mesa el asunto más gordo. Un detenido por la Policía Nacional al que se le atribuyeron en su día 126 descargas ilícitas de datos personales para obtener los códigos QR que daban acceso a los 100 euros por vecino.
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