Varapalo a Jácome: los placeros podrán seguir en la Alameda

Las pretensiones del alcalde Gonzalo Pérez Jácome de desalojar a los comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de la ciudad que ocupan provisionalmente el parque de la Alameda desde 2018 se han detenido en seco. Un auto del magistrado de la Plaza 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha suspendido cautelarmente la orden de desalojo dictada por la Junta de Gobierno Local el pasado 27 de noviembre de 2025. Desde la notificación, el Concello establecía un plazo máximo de un mes para abandonar ese espacio público.

El juez José Andrés Verdeja considera que el desahucio podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Más de 200 familias dependen directamente de esa actividad comercial, lo que generó numerosas críticas a la estrategia municipal, con llamadas al diálogo para encontrar una solución consensuada.0

Los placeros podrán continuar en la Alameda mientras no se resuelva, con sentencia firme, cómo y cuándo podrán regresar los comerciantes al edificio histórico de la Plaza de Abastos, y quién debe asumir la finalización de las obras que faltan. Aunque el edificio fue objeto de una reforma integral que se prolongó por espacio de ocho años, aún no está operativo ni equipado con los suministros y servicios básicos necesarios para que puedan instalarse allí, una carencia que incluye falta de agua, electricidad, zonas de carga y descarga, y otros elementos imprescindibles para su actividad comercial.

Los comerciantes, representados por el abogado Juan Carlos González Iglesias, recurrieron la orden de desalojo, entre otros actos administrativos relacionados con la Plaza, y solicitaron la suspensión cautelar hasta que el juez resuelva esta cuestión por sentencia, subrayando que “la medida habría provocado un perjuicio económico y social de difícil reparación”. Obligar a los placeros a abandonar la Alameda sin alternativas -sostiene el letrado- “sería darles la espalda a los comerciantes y sus aproximadamente 200 familias, cuyo sustento depende directamente de los 43 puestos en funcionamiento”. Según valora González Iglesias, no es habitual que se concedan medidas cautelares, lo que refuerza la solidez de los argumentos de los placeros frente a la actuación municipal. De hecho, el auto recuerda que las medidas cautelares procede adoptarlas cuando existe un riesgo claro de perjuicio irreversible y una apariencia de buen derecho, condiciones que en este caso se cumplen.

La clave del auto: el edificio no está listo

El auto es contundente en el fundamento de derecho segundo: “Es una cuestión no discutida que, al menos en el momento actual, el edificio de la Plaza de Abastos no está en condiciones de ser ocupado por los comerciantes”. El juez subraya que ejecutar la orden de desalojo paralizaría inmediatamente la actividad económica de los placeros y afectaría directamente a la subsistencia de cientos de familias. Además, recuerda que la ocupación de la Alameda “no fue arbitraria ni caprichosa”, sino fruto de un convenio bilateral firmado con el Concello. Y también destaca que la orden de desalojo carecía de un procedimiento formal con audiencia previa, poniendo en duda la proporcionalidad y el respeto al derecho de defensa de los comerciantes.

Para proteger los intereses del Concello sin perjudicar a los placeros, el auto establece que estos deben consignar el canon anual actualizado más un 50 % adicional como garantía mientras dure el pleito, rechazando la caución solicitada por el Concello, considerada desproporcionada y difícilmente asumible. Frente a los casi tres millones que pedía el Concello, los placeros deben ingresar 50.000 euros al año a modo de fianza en el juzgado que debe resolver el pleito.

"Cordura a un despropósito que ten creado o Concello"

Tras conocerse el reciente auto judicial que da la razón a los comerciantes en la adopción de medidas cautelares, el Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha mostrado su satisfacción, calificando la decisión como un acto de sensatez frente a la gestión municipal. Según el representante, esta resolución "achega cordura a un despropósito que ten creado o Concello de Ourense ao redor da Praza de Abastos".

El análisis del Conselleiro se centra en dos puntos fundamentales validados por la justicia. En primer lugar, recalca que el edificio principal no está en condiciones de ser habitado por los vendedores: "o edificio da Praza de Abastos número un non reúne, non ten as condicións para ser ocupado polos praceiros".

En segundo lugar, advierte sobre las consecuencias negativas que tendría el desalojo de la ubicación provisional en la Alameda, señalando que "provocaría aos praceiros un prexuízo de difícil ou imposible reparo ao non lle permitir levar adiante o seu medio de vida".

Una solución financiera sobre la mesa

La crítica hacia la administración local se intensifica al hablar de la financiación. El Conselleiro recuerda que existe un plan de actuación que no supondría gasto alguno para el municipio. Existe un "ofrecemento público de dous millóns de euros entre Xunta, Deputación e praceiros" que permitiría retomar las obras de forma inmediata.