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NUEVA NORMATIVA POLÉMICA
¿Hacer caso omiso de la normativa y actuar según lo moralmente correcto o seguir las directrices marcadas por la legislación a pesar de sus riesgos? Esta es la pregunta que, desde comienzos de año, ha puesto en jaque a los veterinarios de todo el país, basándose en la nueva normativa estatal que limita el uso de antibióticos en las mascotas y actúa sobre la dispensación de medicamentos veterinarios.
Según este Real Decreto, que ha sido elaborado sin contar con el criterio de los propios profesionales -tal y como han señalado en múltiples ocasiones los veterinarios-, la prescripción de antibióticos debe ser avalada por unas pruebas de laboratorio que justifiquen el uso del fármaco. “Estamos completamente atados”, subrayan desde el Colegio de Veterinarios de Ourense, quienes ven cómo les están “limitando el acceso y la libertad de prescripción”. “A lo mejor perdemos 10 días estupendos en los que la mascota no está siendo combatida conforme a un criterio científico, y se pueden dar casos -como ya se están dando- que cuando llegan esos resultados que avalarían la decisión clínica, la mascota ya ha muerto”, apunta Juan José Gómez, presidente del colegio.
La resistencia hacia los antibióticos que demuestran los animales en la actualidad es uno de los principales motivos que justifican la aplicación de este Real Decreto, que carece de argumentación científica para los veterinarios. “En 10 años hemos reducido un 70% el uso de antibióticos sin necesidad de esta ley”, incide Juan José, que remarca el sinsentido que supone “esperar 10 días en una incertidumbre clínica que no va a ningún lado, por miedo a que mañana venga una inspección y me metan 60.000 euros de multa”. Cifra que amenaza a los profesionales en consulta, obligándoles a tomar decisiones contrarias a sus conocimientos científicos.
En este contexto, los centros veterinarios deben comunicar y registrar todos los medicamentos que receten a través de una plataforma informática, Presvet, que obliga a conocer determinados datos de la mascota y de su dueño, excluyendo así a los animales que forman parte de colonias o que han sido abandonados: “¿Dejamos de tratar a un animal que está sufriendo porque no conocemos todos esos datos? ¿No curamos al pobre animal por un protocolo burocrático?”.
Al malestar de los profesionales se suma el saber que, de los 27 países comunitarios, solo España e Italia se enfrentan a unas medidas tan restrictivas en este campo; así como el hecho de que los impuestos aplicados en los medicamentos veterinarios llevan a considerarlos próximos al lujo. “Que en el tratamiento de una mascota, que a día de hoy incluso puede ser terapéutica, te pongan un IVA del 21% cuando el IVA sanitario es del 10%, no tiene nombre”, explica el presidente del Colegio Veterinario de Ourense, haciendo énfasis en que “si queremos que los animales estén en toda las casas y que no sean solo y exclusivamente animales de gente que pueda pagar, todo esto es un ataque frontal a la clínica veterinaria”.
Como presidente de la Asociación de farmacéuticos para el buen uso del medicamento animal (Asfarvet), el ourensano Vicente Jairo Álvarez, ha mostrado su disconformidad con las últimas manifestaciones de asociaciones y patronales veterinarias.
Según su criterio, las medidas adoptadas en la aplicación de la legislación vigente, parten de un problema de salud pública que afecta a todos: “El descontrol en la administración de fármacos, particularmente de antibióticos para animales, no es bueno para nadie: no solo morirán mascotas, morirán personas”. En voz del colectivo farmacéutico, tilda Álvarez de “absolutamente normal” el llevar un seguimiento sobre los medicamentos destinados a animales, puesto que, si “cada envase de antibióticos de uso humano que se dispensa está controlado por las autoridades sanitarias”, en veterinaria “tiene que pasar lo mismo”.
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