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JUICIO EN OURENSE
Las graves desavenencias familiares sentaron en el banquillo a Olga Elvira V.P., acusada de agredir físicamente a su propia hija y a la suegra. La vivienda situada en Piñor de Cea llevaba meses siendo el epicentro de fuertes discusiones entre la acusada y su hija. El motivo de estos enfrentamientos radicaba en los derechos que ambas reclamaban sobre el inmueble.
La mala relación estalló de forma violenta la noche del 24 de enero de 2023, a las 21,15 horas, cuando la inculpada se personó en el lugar. En el interior de la casa se encontraban Yennifer y su abuela, María Teresa, quien es, además, la suegra de la acusada. Al constatar que sus familiares se negaban a abrirle la puerta, Olga decidió acceder al interior colándose por una ventana del baño, ayudándose de bombonas de butano, un tablón y una carretilla. Según dijo en el juicio, ella también vivía allí.
Una vez dentro del domicilio, se inició una discusión porque, según la acusada, su hija la estaba grabando con el móvil. La joven explicó que su madre le arrebató el teléfono y que ella fue tras ella para recuperarlo, pero en la huida, acusó a su progenitora de empujar a la abuela, golpeándola contra una lavadora antes de abandonar la casa.
Ya en el exterior, la tensión continuó y se produjo un nuevo forcejeo entre madre e hija cuando esta última intentó recuperar su móvil. Teresa, que fue detrás de ellas, acabó en el suelo y con la cadera rota. Según las acusaciones, el golpe contra la lavadora provocó la lesión, aunque la defensa sostiene que no puede determinarse con certeza.
Yennifer sufrió contusiones en el segundo dedo del pie derecho y en el primer dedo de la mano izquierda, lesiones que requirieron una única asistencia médica y tardaron en curar dos días.
Por su parte, María Teresa resultó la peor parada al sufrir una fractura de cadera izquierda, que requirió intervención quirúrgica mediante artroplastia total. Su recuperación se prolongó durante 141 días, con 15 días de hospitalización, quedándole como secuela un pie dormido.
La fiscal solicita 15 meses de prisión, multa y cerca de 14.000 euros de indemnización para las víctimas (más gastos médicos al Sergas), mientras que la acusación particular pide tres años y medio de cárcel y 27.500 euros de compensación.
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