Caos detrás de los desbroces: “Nin o catastro é vinculante”

Galicia es la reina del minifundismo. Es algo que es habitual escuchar, pero no se suele ser consciente de sus implicaciones. Es un contexto complejo para vecinos y administraciones y un reto para la prevención de incendios. Cómo gestionar estas pequeñas parcelas es un tema recurrente que vuelve a la palestra tras las más de 100.000 hectáreas quemadas por el fuego en la provincia de Ourense durante la última ola de incendios. “El fuego se apaga en invierno”. Un mantra que se repite estos días, pero que, en realidad, en una provincia como Ourense, se enfrenta a retos mayúsculos y a recetas caducadas.

Según datos del Catastro, Ourense posee 3.594.490 fincas, lo que la sitúa como la provincia española con un mayor número de parcelas con mucha diferencia con cualquier otra. Esto implica una media de 12 propiedades rústicas por habitante. De hecho, en la provincia existen 63.239 personas que poseen entre 11 y 25, otras 31.713 de 26 a 50 y 16.806 poseen más de 50. También es llamativa la existencia de 410.291 propietarios, muchos más que vecinos, lo que deja, como mínimo, a más de 100.000 personas dueñas de un bien rural fuera de Ourense. Eso sí, el número total lleva años en tendencia negativa. En la última década, ha descendido su número en 120.000.

En cuanto a municipios, destacan las 63.551 parcelas que se pueden encontral de la capital provincial, aunque el récord lo ostenta Cartelle, con 106.980, es decir, a 42 parecelas por vecino. Le sigue O Irixo, con unas nada despreciables 103.423, en donde ya tocan a 75 fincas per cápita. Solamente Cartelle o Irixo ya superan a toda la provincia de Cádiz (97.341) y entre ambos casi igualan las de Barcelona (264.010). Toda una revelación de las dificultades a la hora de gestionar todas ellas.

A pesar de ser la provincia con mayor número de fincas, también es la que menor valor catrastal posee de todo el Estado, con 544.939 euros. Esto implica que cada finca ourensana, de media, vale 15 céntimos, una cantidad minúscula y que implica una devaluación absoluta del suelo rural, lo que acrecenta los retos en su gestión y que muchos propietarios desechen asumir gastos e indicaciones de concellos, porque no quieren asumir los costes.

Además, es un problema que afecta a toda Galicia. Por ejemplo, en Pontevedra hay 2.372.630 fincas, un número inferior a Ourense, pero también muy elevado.

Los concellos

Este contexto presenta una dificultad muy grande en cuanto a la prevención de incendios para las administraciones. Los concellos, en primera línea en la batalla por la prevención, dicen verse superado. A nivel legal, los propietarios de las fincas son los responsables de desbrozar sus propiedades. Se les notifica la obligatoriedad de tenerlas como deben, pero no todos acatan las normas e incluso, en muchas ocasiones, hay muchas parcelas cuyo dueño es desconocido o muy difícil de localizar. Además, si la propiedad está edificada, se debe que pasar un proceso judicial para poder entrar en ella. En general, procesos largos y costosos para unas localidades rurales cada vez más despobladas y con una enorme cantidad de fincas.

Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, el municipio con más parcelas rústicas de toda España, considera que el municipio está “nunha situación moi difícil” y vive este asunto con “gran impotencia”. Destaca que existe concentración parcelaria desde hace más de 40 años, pero “ninguén quere traballar aquí a terra”.

También comenta que, debido al clima gallego, no es suficiente con desbrozar las parcelas una vez al año. “Deberían ser tres. Eu os terreos públicos cando vou pola metade, xa está medrando polo principio”. Esto entronca también con las limitaciones económicas de muchos propietarios. “Teñen que limpar as fincas persoas cunha pensión de 800 euros, o primeiro é comer”, afirma el regidor. Debido a la complejidad de esta realidad, aventura que para muchos de sus vecinos las fincas son “herdanzas envelenadas”.

Además, tiene muchos problemas con la titularidad de las fincas. “O catastro nin sequera é vinculante coa propiedade. Busquei ao dono dunha finca en Santander e resulta que vendeu a finca hai 30 anos. O novo non o meteu no rexistro. Pasamos todo ese traballo para nada”, se lamenta.

A esta reclamación se suma Patricia Domínguez, alcaldesa de Trives. “Hai moitísimas parcelas con dono descoñecido. Moitos herdeiros non as declaran e é moi complicado localizalos. Non quero dicir imposible, pero si moi dificultoso”. Por otro lado, indica que cuando no existe un propietario conocido, es necesario iniciar un proceso legislativo que se demora demasiado en el tiempo. “Cando remata o procedemento xa rematou o verán, acabou o risco e a necesidade de desbroce. Este é un ámbito que trascende ao concello e require ambición lexislativa”, denuncia.

Domínguez explica que, en muchas ocasiones, tienen que acudir directamente a hacer llamadas entre vecinos. “Ás veces logro conseguir un teléfono pero non unha dirección. Non nola dan porque igual hai varios propietarios que non se poñen dacordo, entón, despois de todo seguimos sen poder notificar”.

En la misma página está Eva Barrio, alcaldesa de Riós. “O únicoque podemos facer é mandar bandos e denunciar cando os veciños nolo piden, non se pode abarcar máis”. Indica que el concello tiene tantas fincas que non tienen ni capacidad para entrar en procesos, y menos para limpiar nada. “Xa temos suficientemente traballo con que hai que facer co terreo público”, indica.

El tamaño de las fincas es otro problema para la regidora. “Hai algunhas que son cachiños de terra moi pequenos, de ata dez metros cadrado. Diso ninguén se preocupa”. Pide que la administración autonómica multe de oficio y se sancione directamente a los propietarios: “A ver se así se da exemplo e a xente aprende”. En todo caso, alerta que en los incendios de este año “tanto daba desbrozado que sen desbrozar, todo ardía por igual”.

Expertos

Con las administraciones desbordadas, es importante intentar trazar soluciones. Xaime Iglesias, decano del Colegio oficial de Ingeniería Técnica forestal de Galicia, ve un problema muy grave en la ordenación del territorio e indica que, de manera colectiva, es importante reflexionar. “Para vivir con tranqulidade, debemos facer un cambio de mentalidade”. Ejemplifica que en países como Francia cuando un heredero adquiere una finca, debe hacer alguna acitividad con ese suelo o cederla a alguien que lo haga: “Ter un anaco de terra é unha responsabilidade”.

Por otro lado, también comenta que para prevenir incendios no tiene sentido talar con todo sin cabeza, sino que hay que ser sereno con este problema: “Por exemplo, rematando cos piñeiros soamente porque ardan máis non ten ningún sentido. Atacaríamos a unha industria deste país e un monte desta especie ben xestionado prende menos que un matorral”. Para él, la solución está en reconfigurar el territorio.

Luis Navarro, profesor del departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo na Uvigo, también llama a la reflexión sobre la limpieza del monte. Considera a lo que comúnmente se denomina maleza como un hábitat de fuerte biodiversidad. “Aínda que algúns se empeñen, non podemos prescindir dela”, indica. A su modo de ver, es algo que la sociedad, “xestores incluídos”, debe entender rápidamente. Para evitar el riesgo de incendio, indica que no hay que pensar solamente cuánta biomasa se retira, sino dónde se realiza para que la flora pueda seguir realizando sus funciones vitales. “Se convertemos todo en zona a limpar, o prezo será un territorio cada vez máis pobre”, sentencia.

Por su parte, Benito Fernández, ingeniero de caminos, considera fundamental poner la lupa sobre el monte comunal y su uso. “Representa el 25% del territorio gallego, es importante. Son nuestros latifundios”. Su propuesta es realizar un estudio exhaustivo del monte y determinar qué parte es mejor para cada actividad de una manera objetiva. “Así tendría uso y algo por lo que la gente se podría guiar”. Admite que para llevar esto a cabo, el coste sería enorme, pero entiende que lo más adecuado sería hacer algún tipo de proyecto piloto en un lugar más pequeño.

El ingeniero de montes José Benito Reza chama como solución inmediata extender el convenio que tienen los concellos con Seaga. Particularmente, se refiere a los contratos de gestión de biomasa, donde los ciudadanos pueden acogerse por un precio asequible a que la administración galega asuma la limpieza, pero solamente en parroquias denominadas de alto riesgo. Reza propone aumentar significativamente los beneficiarios de esta medida después del estudio de todos los núcleos de población. Así, cree que deberían estar contemplados los lugares que tengan una vulnerabilidad respecto al estado de los montes o su cercanía, a la orografía o las zonas que han sufrido grandes incendios en los últimos años. Para el ingeniero, “así se podría centrar un poco el tema” porque en estas circunstancias, “ninguna administración puede llegar”.