La crisis muda de cara en Ourense: las familias relevan a las empresas y copan el 90% de las quiebras

La quiebra de las familias se ha multiplicado por 17 en cinco años, transformando los juzgados. El perfil del insolvente en la provincia dio un vuelco histórico desde 2021: los concursos de particulares pasan de ser residuales a copar el 91% de los casos, mientras las crisis empresariales y la ‘okupación’ se mantienen en cifras testimoniales.

En el tercer trimestre de 2021, cuando la economía ourensana intentaba sacudirse el letargo de la pandemia, en los juzgados de la provincia apenas entraron tres expedientes de quiebra de particulares. Cinco años después, en el mismo periodo de 2025, esa cifra se ha disparado hasta los 52 casos, tal como revelan los datos difundidos ayer por el Consejo General del Poder Judicial.

Este dato no es solo una estadística, es el síntoma más claro de un cambio de ciclo. Según el análisis de la estadísticas del CGPJ, entre 2021 y 2025 la insolvencia en Ourense ha mutado por completo. Si hace un lustro el concurso de acreedores era una herramienta casi exclusiva de empresas en apuros, hoy es el salvavidas de familias y ciudadanos endeudados que recurren masivamente a la Ley de Segunda Oportunidad.

La serie histórica revela que el punto de inflexión se produjo entre 2023 y 2024. Hasta 2022, los concursos de personas físicas (no empresarios) se mantenían en cifras moderadas (25 casos trimestrales). Sin embargo, la reforma de la ley concursal y la simplificación de los trámites provocaron una explosión en 2024, alcanzando un pico de 61 expedientes en un solo trimestre, para estabilizarse en 52 en este 2025. Frente a este alud de insolvencias domésticas, la crisis empresarial parece haber tocado suelo en la provincia. Las quiebras de sociedades mercantiles (empresas) se han mantenido en niveles mínimos y constantes durante todo el lustro, oscilando entre los cero casos de 2022 y los cinco actuales (tercer trimestre de 2025). Ourense resiste sin grandes cierres formales, pero sus ciudadanos sufren más que nunca.

Más despidos que tras el COVID

Otro dato preocupante que arroja la comparativa es la tensión en el mercado laboral. Lejos de relajarse tras la pandemia, la conflictividad ha ido en aumento. En el tercer trimestre de 2021 se registraron 95 demandas por despido; en 2024 se tocó techo con 170 y, aunque en 2025 la cifra ha bajado a 147, sigue siendo un 54% superior a la de hace cinco años.

Las reclamaciones de cantidad (trabajadores que exigen salarios o pluses impagados) también marcan su máximo del lustro en este 2025, con 274 demandas, un salto considerable respecto a las 171 de 2021.

En materia de vivienda, Ourense rompe con el relato mediático de la “okupación”. Los datos son tozudos: en los terceros trimestres de los últimos cinco años, la ocupación ilegal ha sido prácticamente inexistente en los juzgados ourensanos, con años de cero casos (como 2023 y 2025 en esos trimestres de análisis) y picos máximos de 3 demandas (2022). El verdadero drama habitacional reside en el alquiler. Los desahucios por impago de arrendamiento (LAU) son la causa mayoritaria de pérdida de vivienda en la provincia, manteniéndose estables entre 22 y 29 casos trimestrales durante todo el periodo. Por el contrario, las ejecuciones hipotecarias, que en 2021 apenas provocaron un lanzamiento, han repuntado ligeramente este año, registrando 6 casos.

Desplome de los pleitos para reclamar deudas y recibos pendientes

La estadística judicial de 2025, con datos de julio a septiembre, recoge el desplome de los procedimientos monitorios en los juzgados de primera instancia e instrucción. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Tras una escalada constante que llevó a registrar 1.453 casos en 2024 (en ese mismo periodo), este año la cifra se ha hundido a 439, un mínimo histórico que supone una caída del 70% en solo doce meses y que podría responder a cambios en la gestión de cobros de las grandes compañía. En Galicia se interpusieron 4.434, frente a los 13.047 del año anterior, lo que supuso un descenso interanual del 66%.