Los drones conquistan el cielo de Ourense con un millar de aeronaves

Ourense suma 884 operadores de drones registrados. Esta cifra, actualizada en este mes de noviembre, refleja el crecimiento sostenido de las aeronaves no tripuladas en la provincia y la consolidación del registro obligatorio entre los usuarios. En el conjunto de Galicia, este dato asciende a 8.076, mientras que en España ya se contabilizan 147.006. El fuerte impulso normativo llegó el 31 de diciembre de 2020, cuando entró en vigor la regulación europea que obliga a todos los operadores -tanto recreativos como profesionales- a inscribirse en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Ese cambio provocó que 2021 fuese el ejercicio con más altas en la provincia, con 316 registros. Desde entonces, la evolución se ha estabilizado: en 2022 se anotaron 158 nuevos operadores; en 2023, 130; y en 2024, 136. En lo que llevamos de 2025, la cifra se sitúa ya en 144, lo que confirma una tendencia sostenida en el número de inscripciones y un uso cada vez más extendido de estas aeronaves en la provincia. Estos datos evidencian que el sector mantiene un crecimiento constante tanto como herramienta con múltiples utilidades como para uso perosna dentro de los parámetros establecidos por la normativa.

A ese avance se añaden las limitaciones que condicionan el espacio aéreo en distintos puntos del territorio. La Xunta cuenta con varios helipuertos operativos destinados a tareas de extinción y salvamento, cuyas zonas de protección afectan directamente a la planificación de vuelos. En Ourense, el helipuerto de A Merca establece una prohibición total de operación sin coordinación previa, mientras que en el de Xurés solo se permite volar por debajo de 90 metros de altura sin necesidad de aviso.

Fuera de estas áreas, también se mantienen las restricciones habituales en zonas urbanas, donde para volar es necesario cumplir los requisitos de comunicación al Ministerio del Interior y obtener las autorizaciones pertinentes, al igual que está limitada en los parques naturales de la provincia. Además, se pueden establecer prohibiciones temporales por temas como incendios, lo que obliga a los operadores a estar alerta a posibles cambios.