EL IMPACTO DEL ABUSO
Casi la mitad de la violencia sexual en Ourense se ceba con los menores de edad
EL IMPACTO DEL ABUSO
Cuatrocientas dieciocho personas (380 mujeres y 38 hombres) han sufrido delitos contra la libertad sexual en Ourense durante el último lustro. Las estadísticas oficiales de criminalidad reflejan una constante incidencia en todas las franjas de edad, confirmando que la violencia sexual es un problema generalizado en la provincia.
Sin embargo, esta alarmante cifra global esconde en su interior una realidad aún más desgarradora cuando se analiza el perfil de los afectados: casi la mitad de estas agresiones se ceban con los más vulnerables. De esas 418 víctimas totales, 185 no habían cumplido la mayoría de edad, lo que significa que el 44,2% de la violencia sexual tiene como objetivo directo a la infancia y adolescencia.
Esta cifra de menores agredidos trasciende el atestado judicial para convertirse en una emergencia de salud mental y social. Como explica la psicóloga especialista en trauma Ana María Enríquez de la Torre, “las manifestaciones del impacto psicológico de los delitos sexuales producidos en la infancia son diversas”. El verdadero drama, según advierte la experta, radica en que una parte de estas secuelas “se pone de manifiesto con el paso del tiempo, ya que estas no desaparecen cuando el daño cesa, sino que, con frecuencia, permanecen a lo largo de la vida de la víctima”.
“Las secuelas no desaparecen cuando el daño cesa, y con frecuencia permanecen”
El análisis demográfico de los datos revela que 79 de estas víctimas eran niños (hasta los 13 años), una precocidad que empeora severamente el pronóstico clínico. Enróquez destaca que, “si el delito sexual se produce a edades muy tempranas, de forma frecuente y continuada en el tiempo, las consecuencias suelen ser más intensas”.
A corto plazo, el impacto altera por completo la vida de los más pequeños, provocando lo que la psicóloga define como “regresiones del desarrollo como la pérdida del control de esfínteres, problemas de sueño, pesadillas, absentismo o abandono escolar”, unas secuelas que, tal como subraya, “son propias de la infancia”.
Por su parte, el mayor grupo de menores afectados se concentra en la adolescencia (el 57,30%). Aunque la psicóloga aclara que debido a las características individuales “establecer un ‘síndrome post-abuso’, es difícil”, la sintomatología postraumática es devastadora. En esta etapa -precisa- “sufrir este tipo de delitos, eleva las conductas de riesgo y la impulsividad, facilitando los trastornos de conducta”. A esto se suma que “existe riesgo de desarrollar trastorno de déficit de atención e hiperactividad, fobias específicas, ansiedad social, baja autoestima e impacto en el desarrollo de la sexualidad”.
El daño infligido durante los primeros años de vida se proyecta de forma irremediable hacia el futuro. Los estudios, detalla la especialista, “ponen de manifiesto que los delitos sexuales se asocian a múltiples consecuencias psicopatológicas en la edad adulta”. Entre ellas, enumera “el trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad”, así como “trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad, adicciones, autolesiones, quejas somáticas e ideación suicida”.
Un cuadro clínico especialmente grave en el caso de los trastornos disociativos, sobre los que advierte que son “más intensos en abusos de inicio temprano, con duración prolongada, y perpetrados por los padres”. Enríquez concluye de forma tajante: “Se confirma que ser víctima de delitos sexuales, supone un factor de riesgo importante en el desarrollo de una multitud de diagnósticos psiquiátricos, psicológicos y psicosociales”.
Las estadísticas dejan una radiografía de las víctimas donde la infancia y la adolescencia sufren un impacto desproporcionado. De las 185 víctimas menores de edad contabilizadas en el último lustro, 79 eran niños y niñas (de 0 a 13 años), un grupo de extrema vulnerabilidad.
El grupo más numeroso lo representan los 106 adolescentes de entre 14 y 17 años, una etapa de transición donde la manipulación y la coerción dejan secuelas profundas en la autoestima, la conducta y el desarrollo normativo de la sexualidad.
A la gravedad de estas cifras y del impacto psicológico se suma un factor que dificulta enormemente la detección y persecución de estos delitos: el perfil del agresor.
Lejos del mito del asaltante desconocido que acecha en callejones oscuros o espacios públicos, la inmensa mayoría de los actos de violencia sexual contra menores se producen en el entorno que debería resultar más seguro para la víctima.
Los informes de las principales entidades de protección a la infancia (Fundación ANAR o Save the Children) coinciden en que, en más del 80% de los casos, el agresor es una persona conocida por el menor.
Frecuentemente se trata de familiares directos, personas del círculo íntimo o de amistad de los progenitores, vecinos o figuras de referencia y autoridad en entornos educativos, deportivos y de ocio.
Esta cercanía no solo facilita el acceso directo al menor sino que permite al agresor tejer una red de silencio basada en la manipulación afectiva, el chantaje emocional, las amenazas o la culpa.
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