Más multas por llevar armas y faltas de respeto a policías en Ourense

Consumir estupefacientes a plena luz del día, encararse e insultar a una patrulla, negarse a mostrar el DNI en una identificación o portar una navaja o puño americano en una zona de ocio. Lo que hace unos años solía resolverse con la mera aparición de un indicativo policial en las calles de Ourense, hoy tiene muchas papeletas de acabar en un enfrentamiento. Detrás de los casi 8,6 millones de euros en sanciones administrativas tramitadas en la última década al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”, que se implantó a finales de 2015, los agentes identifican un factor desencadenante que complica su día a día: el consumo de drogas y una alarmante pérdida de respeto hacia el uniforme.

Roberto González, vocal en el Consejo de la Policía Nacional por el SUP, enmarca el incremento de la conflictividad en un fenómeno global: “Hay que enmarcarlo en un contexto de pérdida de autoridad en general en la sociedad. No pasa solo en la policía; pasa en los colegios o en los centros sanitarios con agresiones a profesionales. Sin embargo, en el ámbito de la Policía Nacional se agrava porque nuestras intervenciones son, en muchas ocasiones, con personas bajo los efectos de las drogas”.

Este funcionario policial señala directamente al consumo como el principal detonante de que una actuación rutinaria acabe en sanción administrativa o detención. “Estar bajo los efectos de sustancias hace que la gente se desinhiba y, al estar en grupo, se muestre más agresiva o echada para adelante”, explica González. “La gente desatiende nuestros requerimientos -añade- cuando acudimos a llamadas de terceros por riñas, personas causando daños, faltando al respeto a clientes o amenazando y coaccionando”.

Más de 15.000 expedientes

La escalada en este tipo de intervenciones es el motor principal que alimenta las estadísticas de la provincia de Ourense. “Los agentes tratan inicialmente de resolver la situación con la presencia policial”, detalla González, pero cuando la persona no atiende a los requerimientos, finalmente hay que proponerla para sanción por incumplimiento de la Ley 4/2015. Y si persiste en su desconsideración grave, sigue con su desobediencia o intenta acometer contra los agentes, hay que privarla de libertad y acusarla de un delito de resistencia, desobediencia o atentado.

El balance de la primera década de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana (2015-2024) acumuló 15.352 expedientes sancionadores, generando propuestas de multas por un valor total de 8.581.799 euros (si bien la recaudación real para las arcas públicas probablemente sea menor debido a las bonificaciones del 50 % por pronto pago).

El “top” de las infracciones

La tenencia y consumo de drogas en la vía pública (artículo 36.16) es el rey absoluto de la estadística ourensana, representando cerca del 60 % de las denuncias ordinarias año tras año (con 753 actas solo en el pasado 2024).

Le siguen en volumen, precisamente, los choques directos contra los agentes, destacando las faltas de respeto (menosprecios, burlas, expresiones denigrantes o gestos ofensivos), que registran picos de más de 200 expedientes al año.

En este contexto de conflictividad, destaca también por su volumen continuado un auténtico ‘arsenal de bolsillo’ incautado en las calles: la portación o exhibición de armas prohibidas. Esta infracción grave, que engloba navajas, puños americanos, defensas extensibles no autorizadas o aerosoles no autorizados, cerró el año 2024 con cerca de 190 expedientes tramitados.

Mención aparte merece el apartado de desobediencia y resistencia (va un paso más allá de las palabras e implica una acción u omisión física que impide o dificulta el trabajo policial). Durante los meses duros de la pandemia en 2020, las restricciones y el confinamiento reventaron los marcadores históricos, disparando esta infracción hasta los 2.386 casos en un solo año, una cifra sin precedentes en la provincia.