Política Social confirma irregularidades en la residencia Cabasenior, en Punxín

Las inspecciones oficiales han confirmado la existencia de irregularidades en Cabasenior, la residencia de mayores de Punxín que esta semana protagonizó una protesta laboral. Según informó la Consellería de Política Social, una visita realizada en septiembre detectó deficiencias en este centro de 29 plazas autorizadas y dio lugar a un requerimiento para corregirlas. Sin embargo, una nueva revisión este martes constató que persistían los mismos problemas, por lo que los técnicos proponen adoptar medidas correctoras.

Política Social no detalla cuáles son las irregularidades detectadas ni a qué aspectos del funcionamiento de la residencia afectan. No obstante, recuerda que sus servicios de inspección velan por la atención y el bienestar de los mayores y advierte de que, si detectan circunstancias que puedan ponerlos en riesgo, la Xunta “actúa con contundencia”.

La última inspección tuvo lugar un día antes de que varios empleados se concentraran a las puertas de Cabasenior. Los manifestantes hicieron ruido y exhibieron pancartas con mensajes como “Acoso laboral” y “Dirigir no es humillar, mandar no es abusar”. Sus quejas se dirigían principalmente contra la encargada de la residencia, a quien atribuyen enfrentamientos entre compañeros, problemas con los turnos y obstáculos para desarrollar su trabajo.

Las críticas por parte de los trabajadores fueron más allá del ambiente laboral. Durante la movilización, algunos trabajadores aseguraron que el conflicto estaba repercutiendo en la atención a los residentes. Una de las empleadas señaló, por ejemplo, deficiencias en el corte de pelo y en la atención a determinadas necesidades de los mayores.

La directora de Cabasenior, Carmen Rodríguez, también advirtió durante la concentración de las consecuencias para los residentes. Según explicó, las tareas de limpieza no se están realizando como deberían, lo que obliga al personal encargado de atender directamente a los mayores a asumir otras funciones. “Los usuarios se ven muy perjudicados con esta situación”, aseguró. Rodríguez atribuye estos problemas a que la encargada desatiende sus instrucciones. “La empresa es conocedora de esta situación”, lamentó, acusando a sus responsables de no intervenir para solucionar el problema.

El conflicto laboral también ha llegado a las instancias administrativas y judiciales. Varios empleados han elaborado escritos dirigidos a la Inspección de Trabajo y existe al menos una denuncia por presunto acoso laboral contra la encargada y el antiguo gerente de la entidad, a quien la trabajadora afectada acusa de haber permitido las conductas atribuidas a la encargada. Los empleados cuestionan además la actuación de los responsables de la empresa, a quienes reprochan conocer los problemas sin adoptar medidas para resolverlos. La Región intentó recabar la versión de la sociedad a través de uno de sus administradores, que declinó hacer declaraciones.