Una residencia en Punxín vive una rebelión en contra de su encargada

La tranquilidad que se espera de una residencia de mayores contrasta con la tensión que señalan quienes trabajan en ella. En Cabasenior, situada en Punxín, varios empleados se manifestaron ayer por la tarde ante el centro para denunciar un presunto acoso laboral. Las quejas en esta residencia privada de 29 plazas autorizadas apuntan principalmente a la encargada, Mitzie Echevers. El conflicto ha llegado a la directora, Carmen Rodríguez, quien asegura que le impiden ejercer sus funciones con normalidad, lo que perjudicaría notablemente la atención a los residentes.

Los trabajadores hicieron ruido y exhibieron pancartas con mensajes como “Acoso laboral” y “Dirigir no es humillar, mandar no es abusar”. Varios empleados han presentado escritos ante la Inspección de Trabajo y existe al menos una denuncia por presunto acoso laboral contra Echevers y el antiguo gerente, Eloy Álvarez, a quien la denunciante acusa de haber permitido las conductas que atribuye a la encargada.

La trabajadora cuenta con medidas de protección recogidas en un protocolo contra el acoso laboral que establece que no debe mantener contacto con las personas señaladas. Sin embargo, asegura que se incumple, ya que continúa coincidiendo con al menos una de ellas en su puesto de trabajo.

La directora se sitúa entre quienes cuestionan la gestión. “No me gusta que este centro esté a mi cargo y que no me permitan dirigirlo bien”, sostiene. Asegura que Echevers incumple horarios, ignora las tareas que le encomienda y llega a esconder las llaves para impedirle acceder a determinados espacios. Rodríguez afirma que estuvo de baja laboral a raíz del conflicto y acusa también a los dos administradores y al antiguo gerente de hacerle “la vida imposible”.

La directora advierte que el problema va más allá de la plantilla. “Los usuarios se ven perjudicados mucho con esta situación”, sostiene, en referencia a problemas de limpieza y organización del centro. Otra trabajadora asegura que las actuaciones de la encargada también perjudican profundamente la atención y el trato a los residentes. “La empresa es conocedora de esta situación, absolutamente de todos los procesos que están abiertos de acoso laboral”, recalca Rodríguez, que acusa a los responsables de no intervenir.

Además, Fernando Aguilar, trabajador de la residencia, describe un ambiente de enfrentamientos entre compañeros. “Trata de dividir a los trabajadores”, afirma sobre Echevers. También critica la organización de los turnos y asegura que ha solicitado por escrito explicaciones sobre la denegación de días de libre disposición, sin obtener respuesta.

Otra trabajadora señala tratos de favor hacia determinadas empleadas por parte de Echevers. También acusa a la encargada de intentar enfrentarla con una compañera, asegurándole que esta se había referido a ella con expresiones xenófobas como “esa panchita de mierda”. Según su testimonio, estos comentarios buscaban generar enfrentamientos y desconfianza entre las trabajadoras.

La Región intentó recabar la versión de la empresa a través de uno de sus administradores, que declinó hacer declaraciones.

Una condena por abuso sexual y un despido nulo

Cabasenior arrastra un grave antecedente judicial. En marzo de 2024, el entonces gerente de la residencia, aceptó una condena por abuso sexual contra una empleada. Según el relato de la Fiscalía, que el acusado aceptó, llamó a la trabajadora a su despacho, intentó mantener relaciones sexuales con ella y, cuando trató de marcharse, la arrinconó y le realizó tocamientos en los pechos, los glúteos y la zona genital, por encima de la ropa. La pena consistió en una multa de 2.700 euros y cuatro años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

La trabajadora había denunciado los hechos en 2022 y fue despedida meses después. En abril de 2024, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró nulo el despido al considerarlo una represalia por aquella denuncia. Condenó a la empresa a readmitirla, abonarle los salarios dejados de percibir y pagarle 20.000 euros por daños morales.