EEUU investiga la eutanasia de Noelia Castillo en España

El caso de Noelia Castillo, joven parapléjica de 25 años que recibió ayuda para morir tras un periplo judicial de casi dos años, sigue generando polémica. Su padre, representado por Abogados Cristianos, intentó revocar su decisión, pero hasta cinco instancias judiciales avalaron la eutanasia, que finalmente se practicó hace una semana.

Ayer mismo, el Ministerio de Sanidad aseguró no haber recibido ninguna comunicación del Gobierno de EEUU para investigar la eutanasia de Noelia Castillo, según fuentes cercanas al departamento que dirige Mónica García.

El diario New York Post adelantó que la Administración de Donald Trump habría pedido explicaciones a España por la eutanasia. Según el medio, la Embajada de EEUU en Madrid habría abierto una investigación sobre la actuación del Gobierno ante las “repetidas agresiones sexuales, incluidas violaciones en grupo”, que sufrió Castillo antes de su muerte. EEUU consideraría que la “laxa legislación migratoria española” podría ser la causa de las agresiones sexuales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, criticó la intervención norteamericana y pidió a Trump que “deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”, defendiendo que “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente”.

Defensa de los profesionales

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió a los profesionales sanitarios frente a lo que calificó de “ataques malintencionados”, afirmando: “Defenderemos con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que cuestione su valía y actuación. Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo”.

La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña confirmó que Noelia presentaba una situación clínica “no recuperable” con “dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”, cumpliendo así los requisitos legales. Su decisión, aunque cuestionada por su padre y Abogados Cristianos, fue respaldada por exámenes médicos y tribunales, que constataron que ella era competente para elegir.

El caso ha generado desinformación y bulos sobre violaciones y donaciones de órganos, desmentidos por las autoridades y el Ministerio de Sanidad, que aclaró que ambos procesos son independientes. El movimiento judicial y diplomático alrededor del caso ha sido interpretado por el Govern como una ofensiva más amplia contra la ley de eutanasia. Fuentes del Govern insistieron en que todo el procedimiento cumplió con la ley y los protocolos correspondientes, asegurando transparencia y control multidisciplinario.

La Fiscalía pide archivar la causa contra el comité que la autorizó

La Fiscalía de Barcelona solicitó el sobreseimiento de la causa contra dos miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizaron la eutanasia de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años que padecía paraplejia. La querella contra ambos profesionales, un médico y una jurista, fue presentada por Abogados Cristianos por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Según la querella, habrían simulado un desacuerdo para elevar la decisión al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), alterando el cauce legalmente previsto. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña descartaron irregularidades y confirmaron que “no se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales”.

La jueza señaló que la decisión de elevar el caso al pleno, adoptada por unanimidad de los 19 miembros de la CGAC, no vicia el procedimiento, sino que otorga mayores garantías a la autorización de la eutanasia, cumpliendo con los requisitos de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

Además, se destacó que los comentarios de la jurista sobre las dudas respecto al sufrimiento de la paciente fueron parte de un análisis cuidadoso y no afectaron la validez del informe final, garantizando así la seguridad jurídica y ética del proceso.