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CONSEJO DE MINISTROS
El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de ley para mejorar las condiciones de la docencia y la enseñanza en la educación no universitaria, junto con otras medidas para fortalecer el sistema educativo.
La norma, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y la atención personalizada al alumnado. Además, busca valorar la labor docente y mejorar la motivación y la conciliación laboral de los profesores.
Se propone que la ratio máxima sea de 22 alumnos en Primaria (actualmente 25) y 25 en Secundaria Obligatoria (actualmente 30), con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales, que contará como dos plazas para equilibrar la dedicación del profesorado. Esto permitirá garantizar una educación más inclusiva, equitativa y de calidad, y facilitará una atención más individualizada para los estudiantes que más lo necesitan.
El anteproyecto también establece un máximo de horas de docencia en aula: 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas, considerando como hora lectiva los periodos inferiores a 60 minutos. La medida de la jornada lectiva y la consideración doble del alumnado con necesidades especiales entrará en vigor en el curso 2026/2027, contribuyendo a una mejor conciliación laboral y profesional para los docentes y favoreciendo su bienestar general.
La implantación de las nuevas ratios será progresiva: 2027/2028 en Infantil y Primaria, 2028/2029 en Secundaria, y 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando plena aplicación en 2031/2032. Para las etapas no obligatorias, como Infantil y Bachillerato, se prevé un plazo de seis meses para modificar el real decreto correspondiente y adaptar las ratios a la nueva normativa, garantizando una transición ordenada y planificada.
La ministra Pilar Alegría destacó que el anteproyecto busca reconocer y valorar a los docentes, mejorar la calidad educativa y la atención a los estudiantes. Tras la aprobación en primera vuelta, el Ministerio iniciará el diálogo con comunidades autónomas y sindicatos, y prevé remitir la ley al Congreso en enero, confiando en su aprobación a pesar de la ruptura del acuerdo con Junts.
Alegría subrayó que la iniciativa representa un paso fundamental para cuidar a los docentes y reforzar el sistema educativo español, y añadió que espera un amplio respaldo por parte de los sindicatos y las comunidades autónomas para implementar estas mejoras de manera efectiva.
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