El PP recalca que la moción de Jumillas no señala a religiones

El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, pidió ayer “responsabilidad” al PSOE y a Vox por “polarizar” sobre Jumilla (Murcia), donde se aprobó la “primera medida” en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos. “Si hay quienes, y me estoy refiriendo a Vox y al Partido Socialista, pretenden seguir polarizando con esta cuestión, les pido responsabilidad”, señaló en una intervención ante los medios.

Además, recalcó que la proposición presentada en el ayuntamiento murciano “no ha contado con el voto afirmativo de Vox” y se remitió a que sean los de Santiago Abascal los que expliquen las “decisiones” que toman. Más allá de eso, incidió en que el PP es “el partido constitucionalista de España”, por lo que “nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece”. “Lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, ¿cómo no voy a respetar cualquier otra fe?”, preguntó.

En este sentido, tachó de “absolutamente inaceptable” que “se pretenda hacer pasar al PP por un partido xenófobo” y pidió a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que también esté “muy observante” en lo que concierne a “declaraciones tan grandilocuentes” como la del alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala.

“En una televisión el lunes decía que la Comunidad de Madrid castigaba, repito, castigaba a su municipio mandándole menores no acompañados. ¿Esto convierte al señor Ayala en un peligroso xenófobo? ¿Le va a llevar al Tribunal Constitucional el Gobierno de España? Por tanto, vamos a ser responsables”, le echó en cara a Saiz.

“País ejemplar”

Asimismo, recalcó que España es “un país ejemplar a pesar del Gobierno que tiene” y subrayó que “nunca” ha tenido problemas con la inmigración”. “Por cierto, el problema con las personas migrantes no está en las personas migrantes, sino en quienes la gestionan. Y la gestión de esa materia en fronteras, en seguridad y en inmigración, es del Gobierno de España”, indicó.

El PP de Jumilla aseguró ayer que la moción aprobada por el pleno del ayuntamiento, hace 11 días, “no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa”. Insisten los “populares” que lo único que se aprobó en el Ayuntamiento de Jumilla es “iniciar una modificación de la ordenanza municipal de uso de instalaciones deportivas, para que se usen exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el ayuntamiento”.

El resto de las instalaciones municipales, aclara, “estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana, o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos”.

Los obispos se posicionan

Los obispos españoles se unieron ayer a la postura de la Comisión Islámica de España, que pidió a los poderes públicos que garanticen el derecho a la libertad religiosa, tras la moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla que pide al Gobierno local prohibir en instalaciones deportivas cualquier actividad ajena a las mismas.

“Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”, señalaron fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Los prelados españoles avisan de que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. En todo caso, precisan que esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión “arbitraria o ideológica”. “Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”, añaden.

“La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”, concluyen.