La regularización migrante, en la mesa de debate político

La regularización de migrantes anunciada por el Gobierno generó una fuerte polémica política en España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la medida de “masiva e improvisada” y aseguró que va contra la política migratoria europea, además de alertar de un posible “efecto llamada”. Criticó que, junto a la Ley de Nietos, el Ejecutivo pretende “incrementar el censo” de España con más de dos millones de personas, algo que, según él, “no tiene derecho” a hacer. Feijóo acusó al Gobierno de utilizar la regularización como “una cortina de humo” para desviar la atención de otros asuntos recientes y calificó la medida de “inhumana e indecente”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidió en criticar la iniciativa, señalando que podría generar “graves dificultades” para los servicios públicos y que se trata de una decisión “con fines electoralistas” capaz de “alterar el censo electoral”. Desde la cúpula del PP, además, se subrayó que la regularización y la Ley de Nietos podrían otorgar capacidad de voto a personas que nunca residieron en España, lo que comprometería la legitimidad electoral.

En respuesta, el PSOE defendió la regularización y reprochó a Feijóo que confunda conceptos. Los socialistas aclararon que otorgar residencia y permiso de trabajo no equivale a conceder la nacionalidad ni el derecho a voto, y que la medida permite aflorar economía sumergida. Varios dirigentes, como Montse Mínguez y Hana Jalloul, insistieron en que no se trata de un “regalo masivo de nacionalidades”, sino de procedimientos legales.

Vox también criticó la medida. Abascal rechazó la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares, alertando de posibles consecuencias sobre servicios públicos, seguridad y vivienda, y denunció un supuesto “efecto llamada” que multiplicaría problemas en centros de menores y barrios. Además, vinculó la iniciativa con el gasto público en propaganda y acusó al Gobierno de “agenda criminal”.

En el ámbito parlamentario, Junts defendió el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña negociado con el PSOE, y criticó que el decreto del llamado escudo social, que incluía la revalorización de pensiones y medidas de protección a personas vulnerables, uniera asuntos distintos para “rascar votos”. Por su parte, el PSOE destacó que la regularización se enmarca en la legalidad y subraya su impacto positivo en la formalización laboral y en el control de la economía sumergida.

Sin un impacto presupuestario ni de personal

El Gobierno aprobó el Real Decreto, que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes sin generar impacto presupuestario ni en personal. La medida busca ofrecer seguridad jurídica, facilitar la integración laboral y aportar mano de obra joven en sectores con escasez de trabajadores. Sindicatos policiales alertan de posibles riesgos operativos y colapsos, mientras la Conferencia Episcopal pide medios adecuados para el proceso. El proyecto respeta la Constitución y la legislación europea, cuya competencia en migración recae exclusivamente en el Estado, y no prevé una evaluación posterior del impacto de la medida.