Tensión innecesaria

Si se buscan resultados distintos no se puede actuar siempre de la misma manera, pero por segundo año consecutivo el Gobierno ha presentado para su aprobación un real decreto ómnibus en el que se mezclan un sinnúmero de asuntos y los partidos de la derecha, PP, Vox y Junts han votado de la misma manera y no lo han validado, dejando en el aire la revalorización de las pensiones, numerosos aspectos del denominado escudo social y otras medidas que beneficiarían a los autónomos y a las víctimas de la dana y los incendios, asuntos en los que esos partidos estaban básicamente de acuerdo pero que no han bastado para su superar su rechazo al mantenimiento de la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago del alquiler y que no cuentan con otra solución habitacional.

Los partidos de la derecha, e incluso algunos socios de investidura eran proclives a que la norma se troceara y se votara cada parte por separado, pero el Gobierno mantiene que se trata de un todo y como tal debe aceptarse en su integridad. El Gobierno se ha mostrado una vez más prepotente y ha actuado de manera unilateral sin prestarse a negociar con aquellos a los que necesita y que, como el PNV, ya le han advertido que es la última vez que se someten a esta extorsión y que es preciso llegar a la votación con el decreto negociado.

El pasado año al Gobierno le salió bien la jugada y presentó el mismo decreto sin trocear un mes después y salió aprobado, pero ahora el PP no parece dispuesto a hacerse responsable de los deseos del Gobierno y de lo que entienden un chantaje innecesario que les haría responsables de la congelación de las pensiones. El PP en aquel entonces puso una excusa baladí para votar en contra -la devolución de un palacete de su propiedad al PNV- y en esta ocasión ha argüido que la parte contra los desahucios favorece la okupación, pero la derecha, y en esto Junts actúa también como mascaron de proa, tiene esa fijación, a pesar de que el Gobierno dispone de una partida para sufragar los daños de quienes se vean perjudicados y se trata de un problema -real- engordado artificialmente.

Con su voto en contra, la derecha ha vuelto a tomar como rehenes a los millones de pensionistas de la misma forma que lo ha hecho el Gobierno, aunque finalmente se impondrá el sentido común y nadie verá mermados los ingresos percibidos este mes y los beneficiados por las medidas propuestas es previsible que se vean recompensados finalmente.

Sin embargo, da la sensación de que Gobierno y oposición se toman los asuntos que integran el escudo social, e incluso su actividad parlamentaria a beneficio de inventario. El Gobierno sobrepasa la normalidad y la legalidad con unos decretos ómnibus con los que lejos de mostrar fortaleza deja patente su debilidad parlamentaria y a la postre tiene que negociar, mientras que en la derecha se prefiere mostrar su falta de apoyos y no votar a la primera unas medidas que benefician a los ciudadanos, con lo que demuestran las costuras de sus posiciones ideológicas y cuáles son sus verdaderos intereses. No está previsto que la derecha sea capaz de revertir la subida de las pensiones, pero el Gobierno tampoco obtiene ningún beneficio de tensionar al Congreso, y a sus socios. Cuando el Gobierno presenta un decreto específico, como el que establece el bono único y la prórroga de las ayudas al transporte, la iniciativa sale adelante -con la abstención del PP relacionada por con los accidentes ferroviarios y el no sempiterno de Vox- y los ciudadanos no se sienten vapuleados.