Teresa, de 85 años y dependiente, lleva un año sin poder salir de casa

Teresa tiene 85 años y el grado II de dependencia concedido. Desde hace un año vive atrapada entre las cuatro paredes de su vivienda, una segunda planta de un edificio antiguo que no tenía ascensor. Aunque recientemente instalaron el elevador, aún no lo han podido inaugurar por unos trámites burocráticos.

“Lo que más echo de menos es ver el sol”, indicó Teresa en una entrevista. Lo más frustrante para ella y su familia es ver que el ascensor está construido pero no pueden utilizarlo. Las obras empezaron en 2024 y finalizaron en torno a mayo de 2025, hace más de un año pero, según explicaron, no pueden ponerlo en funcionamiento por “problemas burocráticos”.

La hija de Teresa, Maite, de 54 años, es la que atiende diariamente a su madre, la levanta, la viste, la ayuda en el aseo y la acuesta. Por la casa, Teresa se mueve en una pequeña silla de ruedas a veces y otras, con un andador, aunque en este caso, tarda media hora para llegar al baño. “Mi hija me asiste en todo, porque yo no tengo autonomía ninguna”, dijo Teresa, mientras Maite aseguró que “lo primero” es que ella esté atendida. “Luego va todo lo demás. Nos organizamos día a día, poco a poco, como podemos”, reconoció.

Sin contar con las visitas obligatorias al médico, la última vez que Teresa bajó a la calle por su propio pie fue el 28 de julio de 2025. Desde entonces, vive un “confinamiento obligatorio” que cada vez se hace “más cuesta arriba” y cuenta que en este tiempo ha perdido citas médicas.

“Sentimos mucha frustración y mucha impotencia también a la vez porque te das cuenta de que lo tienes ahí y por problemas burocráticos, de papeles que siempre faltan, pues no llega nunca, te sientes impotente”, explicó la hija.

Situaciones críticas

Entre las situaciones más críticas que han vivido este último año, recuerdan cuando se cayó y tuvieron que llamar a través de la pulsera de teleasistencia para que la llevaran a urgencias. “Nos atendieron muy bien y rápido y nos enviaron una ambulancia”, detallaron. La última vez, cuando la subían a pulso por las escaleras de la vivienda, una de las técnicos de la ambulancia se cayó y aunque, por suerte, Teresa no llegó a caer al suelo, sí le repercutió el golpe y desde entonces, le han salido magulladuras por todo el cuerpo.

La situación afecta también al marido de Teresa, Juan Manuel, quien resume sus sentimientos en “frustración e impotencia total”. “Te mina los ánimos y el carácter. Puedes coger una depresión por menos de nada porque te das cuenta de que les importamos un pimiento”, añadió su hija. “Estar encerrada por obligación es muy triste”, zanjó. Según apuntó, les han dicho que el ascensor no puede ponerse en funcionamiento porque está pendiente el visto bueno al proyecto de pocería.

Tras conocer la situación de Teresa, el Canal de Isabel II, con la voluntad de facilitar la situación, se puso en contacto con la empresa de pocería para insistirles en la documentación pendiente y, según aseguraron, la empresa ha avanzado en las diligencias.

Unas 100.000 personas en el país no pueden salir de sus viviendas

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, calificó de “crimen social” la situación que, al igual que Teresa, viven unas 100.000 personas en toda España por falta de accesibilidad.

“Calificarla es sencillo. La mayor vulneración del derecho a entornos accesibles que soportan las personas con discapacidad y también las personas mayores. La accesibilidad universal al bien básico de la vivienda es la llave para ejercer derechos fundamentales. Y en el caso de sus hogares, 100.000 personas lo tienen absolutamente negado. Esto es pura y simplemente un crimen social”, subrayó Pérez Bueno en una entrevista.

El “gran obstáculo”, según explicó, es la “pésima y anticuada regulación legal, la Ley de Propiedad Horizontal”, que data de los años 60 del siglo XX y que, aunque ha ido modificándose, lo ha hecho “muy lejos de lo planteado y deseado por el movimiento social de la discapacidad”. Pese a que la ley declara que la accesibilidad es un deber y que los inmuebles deben ser accesibles, si las obras de accesibilidad superan las 12 mensualidades de gastos comunes de la comunidad, se necesita el voto de la mayoría de los propietarios. “Solo es obligatorio si no supera ese umbral, las doce mensualidades. Esto es profundamente incoherente e injusto”, precisó. Pérez Bueno señaló que el cambio legal pasa “inexcusablemente” por eliminar ese límite de doce mensualidades. Además, puntualiza que ha de existir “una buena gestión de la accesibilidad”.