Los tres acusados de cinco incendios en Trives aceptan penas de cárcel de hasta dos años

La vista oral preliminar en la Audiencia Provincial contra los tres acusados de provocar una oleada de fuegos en la comarca de Trives entre agosto de 2021 y agosto de 2022 se ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad, que permite a los tres acusados, ya condenados, a librarse previsiblemente de ingresar en prisión.

El pacto cerrado con el Ministerio Fiscal evitó ayer la celebración del juicio y rebajó drásticamente la petición inicial, que alcanzaba los seis años de prisión para los principales implicados. La llave para desatascar este acuerdo ha sido la aplicación del atenuante muy cualificado de reparación del daño, dado que los acusados consignaron íntegramente los gastos de extinción reclamados por la Xunta de Galicia, además de sendos atenuantes psíquicos a los implicados en hasta cinco incendios.

Sergio R. y David B., acusados de un delito continuado de incendio forestal por el cual les pedían seis años de cárcel, aceptaron una condena de dos años y una multa de 1.825 euros (una sanción prolongada durante 12 meses a razón de 5 euros diarios). La notable reducción de su pena se fundamentó en sus cuadros clínicos personales. A Sergio R. se le reconoció la atenuante de alteración psíquica. Su abogada, Alejandra Fernández, precisó que el joven sufre “una discapacidad intelectual grave, grande”, argumentando que su condición provoca que “no sea consciente del daño que estaba provocando”.

Para David B., el Ministerio Público admitió la atenuante de “toxicomanía y adicción al alcohol”. Su letrado, explicó que la estrategia de defensa también se sostuvo sobre un enorme esfuerzo económico, ya que el acusado realizó “una consignación de 25.000 euros” para compensar la factura de los helicópteros y motobombas movilizados por la administración autonómica.

El tercer procesado, Jonathan G., fue condenado a un año de prisión y a idéntica multa de 5 euros al día durante doce meses por su implicación en un solo fuego. Aunque operaba en el ámbito forestal durante la ola de incendios, su abogado, Juan Carlos González, puntualizó que “no era brigadista, tenía un contrato de tres meses de peón forestal” dedicado a tareas de limpieza de cunetas. El letrado atribuyó su participación a un efecto de arrastre, señalando que al tener “mucha menos edad que los demás”, actuó “condicionado y presionado por lo que le decían los otros”. Además, Jonathan sufragó en el momento los 5.800 euros exigidos por su responsabilidad civil.

Al no contar con antecedentes penales y tras abonar la totalidad de las indemnizaciones exigidas, las defensas solicitaron la suspensión de las condenas privativas de libertad. El tribunal acordó dicha medida, por lo que ninguno pisará la cárcel a condición de que no vuelvan a delinquir durante un plazo de tres años.