Absuelto el alcalde de Verín por retrasos en la rescisión de un contrato

La jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense ha dictado sentencia absolutoria a favor de Gerardo Seoane Fidalgo, alcalde de Verín desde el año 2019, quien se enfrentaba a una acusación por un presunto delito de desobediencia. La magistrada María Victoria Candamo Paris ha determinado que el regidor municipal no tuvo ninguna intención de rebelarse contra los mandatos de la justicia, concluyendo que los retrasos en la tramitación del expediente administrativo para rescindir el contrato de servicios de seguridad vial se debieron a un cúmulo de problemas administrativos y de falta de personal en el consistorio.

El origen de asunto se remonta al 25 de febrero de 2019, fecha en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense condenó al Concello de Verín. El juez obligaba a la Administración local a iniciar un expediente para resolver el contrato que mantenía con la empresa BV Verín UTE, encargada del suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el municipio.

Al ver que la orden no se materializaba, el juzgado inició un procedimiento de ejecución forzosa en 2020 y emitió múltiples requerimientos a lo largo de los años posteriores. La situación llegó a tal punto de tensión que, en octubre de 2022, el juzgado impuso multas coercitivas al alcalde y advirtió con deducir testimonio por la vía penal. A raíz de esto, el Ministerio Fiscal solicitó para Seoane una pena de 11 meses de prisión y la inhabilitación para ejercer su derecho de sufragio pasivo, acusándolo de ignorar deliberadamente las órdenes judiciales.

Durante la celebración del juicio, quedó demostrado que la paralización del proceso no se debió a una negativa del alcalde. Gerardo Seoane, que carece de formación en materia jurídica, ya que es arquitecto, acudió en repetidas ocasiones a la secretaria municipal solicitando informes sobre cómo debía proceder exactamente para cumplir con la orden del juez.

Ante las discrepancias interpretativas sobre la forma de tramitar el asunto con la Secretaría del Concello, el mandatario local optó por contratar a un asesor jurídico externo. Este profesional elaboró en mayo de 2023 un informe-propuesta para rescindir el contrato y fijar una indemnización para la empresa, un documento que fue finalmente aprobado por el Pleno municipal en diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, el expediente terminó caducando y tuvo que volver a iniciarse. Según recoge la sentencia, este bloqueo se explica por graves problemas organizativos en el área económica del Ayuntamiento. Concretamente, el vital puesto de interventor municipal quedó vacante en abril de 2022 y, desde entonces, fue cubierto por personal accidental o interino, lo que paralizó la tramitación del complejo expediente.

En el fallo, la jueza es contundente al señalar que el delito de desobediencia exige que exista una negativa abierta, consciente y deliberada a acatar una resolución judicial. Lejos de mantenerse inactivo, la sentencia reconoce que el alcalde de Verín realizó múltiples gestiones para intentar ejecutar la sentencia original, aunque estas se llevaran a cabo de forma tardía o imperfecta. Por tanto, al no existir una voluntad real de desobedecer a la justicia , la jueza ha decretado la libre absolución de Seoane.