De un tiempo a esta parte da la impresión de que hay más tranquilidad en las calles y barrios donde van desapareciendo todos aquellos delincuentes de medio pelo que imponían cierta violencia como su modo de vida o campaban como dueños de la explotación sexual, el trapicheo, etc. Hoy vivimos en una ciudad más segura, tanto que los únicos delincuentes son las personas afectadas por desahucios que no pueden pagar una hipoteca por más que se denuncien los abusos de éstos. Hoy pagamos por sostener un aparato policial que cumple funciones de garante en los desahucios más que de orden público, y hemos puesto en sus manos la libertad de utilizar cualquier actuación para realizar su cometido.
Mientras tanto, hombres, mujeres, inmigrantes y ancianos, otrora los pilares del sistema vía sus impuestos, son despojados con brutalidad de sus casas vulnerando principios esenciales y convirtiendo a quienes la ejercen en partícipes del miedo como norma de convivencia. A veces me levanto pensando en que puedo estar tranquilo porque vivo en un país donde mis derechos están garantizados; en una democracia formal donde la policía vela por mi seguridad (todo está en orden, todo funciona con normalidad). Pero quizá sin darme cuenta vivo en la eterna pesadilla de que se cercenen sin piedad los derechos de tantas personas y familias. En esos momentos España me semeja evidentemente un estado policial.
Es entonces cuando vomito. Es uno de esos días que acrientan mi desprecio por los desahucios llevados a cabo una vez y otra con la policía como garante. Pero seamos reflexivos ya que detrás de un desahucio está la acción de la Justicia: hay, claro que los hay, muchos jueces honrados en sus acciones. Pero es difícil asegurar que lo son por omisión. No se les conocen denuncias en su postura contra la irracionalidad de los desahucios; más bien se afianza el criterio de que la Justicia sigue siendo corrupta, sin que nadie haga nada. La solidaridad de cuerpo les pesa... mucho.
