Un estudio realizado por la Universidad de las Palmas cifra en unos 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en nuestro país. Una cantidad nada despreciable que podría ser destinada al bienestar de todos y al progreso del propio país. Si bien es verdad que los políticos y el poder judicial así como las fuerzas públicas, son culpables de la corrupción, los ciudadanos somos responsables de permitirla con la resignación y la pasividad. Y en ello se incluye la necesaria acción de las organizaciones de participación ciudadana. La corrupción no es inevitable.
La realidad es que en general todos los gobiernos crean comisiones para luchar contra la corrupción, pero estos gobiernos son parte de ella. De manera que las investigaciones no avanzan porque quienes se benefician no se van a encargar de eliminarla. Así cuando estallan los casos de corrupción vemos como la impunidad se instala, con la creación de mecanismos que impiden la acción de la Justicia.
En países como los EEUU algunos políticos influyentes han abogado desde siempre porque el poder político se ubique en ciudades poco importantes, alejado en todo caso de los intereses del poder económico, financiero, industrial, generalmente en ciudades de especial relevancia.
En el estado de Nueva York, por ejemplo, la capital se encuentra en Albany, siendo que los restantes poderes están en Nueva York ciudad. Y así en todos los estados. La capacidad de interferencia es menor. Traslademos este planteamiento a un nivel más próximo, del que resultaría que la capitalidad de Galicia no debería estar en Santiago, sino (hipotéticamente) en Ourense.
