Sobre las reformas legislativas de Solón (594 a. C.), dicen Aristóteles y sus discípulos en la “Constitución de los Atenienses” que “siendo el pueblo el dueño del voto, se convierte en dueño del gobierno”. De interpretar las palabras de los filósofos con cierta ingenuidad, la democracia ateniense supondría a nuestros ojos la raíz de todos los radicalismos. Y en cierto modo, así fue.
La emergencia de nuevas clases en la Atenas de Solón había puesto en cuestionamiento el monopolio que la aristocracia ejercía sobre el poder político. Aquella naciente ciudadanía, distinguida por su riqueza en detrimento de su sangre, estaba llamada a integrarse por primera vez en instituciones que rubricarían posteriormente la edad de oro de Atenas.
Prevenido asimismo el insigne legislador de las acuciantes deudas de los hombres, cuya misma persona constituía la garantía ante el acreedor, los exoneró de cada una de ellas, pues eran causa de esclavitud y síntoma de tiranía. La intervención de Solón era necesaria porque la libertad de los atenienses no podía quedar al arbitrio de aquellos que les negaban el derecho de amortización.
Así como fue posible entonces, es nuestro deseo recordar que “siendo el pueblo el dueño del voto, se convierte en dueño del gobierno”. Y aunque tal juicio haya sido pronunciado para un tiempo muy distinto al nuestro, no deja de resultar apropiada para nuestra particular odisea. Los patrones que se pretenden dueños de sus trabajadores podrán reprenderlos, podrán humillarlos e incluso podrán pasarles factura ad infinitum con la excusa de que también tienen bocas que alimentar, pero jamás, jamás podrán impedir que se rebelen bajo el signo de la libre elección de su destino. Los legisladores deben hacer el resto, como Solón.
