El Pacto por la Educación que estaba en estudio en una subcomisión en el Congreso estaba herido de muerte tras la retirada de socialistas y de Podemos, porque el Gobierno no accedía a su petición de que se garantizara una inversión del 5% del PIB en Educación. La sentencia del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso del PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la conocida como ‘ley Wert’ ha terminado de apuntillar la posibilidad de alcanzar un acuerdo por consenso, porque el Alto Tribunal ha acordado dar validez a una serie de preceptos que afectan de lleno a la educación pública, a la igualdad de oportunidades, al laicismo y porque confirma una concepción ideológica de la educación.
Y es esa concepción la que va a imposibilitar el pacto. Asuntos como la subvención con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos, que la Religión sea una alternativa obligatoria y que sea computable en el currículo, la separación de los alumnos en itinerarios académicos o que los centros pueden seleccionar a sus alumnos vuelve a poner la presión en el sistema educativo, que volverá a vivir momentos de convulsión, porque se trataba de una ley educativa que nació sin ningún consenso, fruto de la mayoría absoluta del PP, y con una fuerte contestación política y social.
Las reacciones que ha suscitado el avance de la sentencia del Tribunal Constitucional demuestran la fractura de la comunidad educativa: de una parte los partidos y sindicatos conservadores –PP y Ciudadanos- la Conferencia Episcopal y las asociaciones católicas de padres; y los partidos, sindicatos y asociaciones de padres progresistas por otro. Se confronta la libertad de elección de los padres del centro educativo y una determinada concepción pedagógica con otra más igualitaria, más propicia a no dejar a los niños por el camino y separarlos con los itinerarios diferenciados a una edad demasiado temprana, con la coartada del mérito y capacidad.
Por supuesto que nadie tiene obligación de llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos, -fundamentalmente ligados al Opus Dei- como afirma el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, pero por el mismo motivo tampoco hay necesidad de que reciban una financiación pública.
La sentencia del Tribunal Constitucional, que se ha dividido una vez más y en la que los magistrados conservadores se han impuesto a los progresistas, devuelve el pacto educativo de nunca acabar a la casilla de salida, y aboca a una nueva ley educativa en el momento en el que cambien las mayorías que permitan su reforma, de tal manera que un servicio público tan importante para el futuro del país vuelve a estar en entredicho porque las distintas concepciones de cómo debe ser la sociedad española se juega en el terreno educativo.
En este ambiente tiene poco sentido el llamamiento de Méndez de Vigo en el Senado a los socialistas para que se reincorporen al debate del pacto aunque se compromete, sin fecha, ni memoria a incrementar el presupuesto educativo. Y el Constitucional, que tantas veces dilata sus sentencias hasta encontrar un momento propicio, en esta ocasión ha intervenido a beneficio de parte y ha interrumpido el debate político. O quizá lo haya hecho porque ese debate estaba encallado.
