Así fue la estafa por la que condenaron al promotor de la mina de A Gudiña y a su socio alemán

Un delito de estafa en una inversión minera ha desembocado en la condena a dos años de cárcel y al pago de una indemnización de 3,46 millones de dólares contra Roberto García Martínez y su socio de origen alemán. Este caso, en el que el directivo afirmó ser dueño de minas de oro y diamantes en Sierra Leona, mantiene hoy suspendida de cotización en el mercado de Stuttgart a su actual compañía, Eurobattery Minerals. La empresa, que controla la explotación de wolframio en A Gudiña con licencia hasta 2055, ha pedido desvincular su actividad de la conducta de su CEO, quien a su vez es investigado por la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) por tres casos de presunto uso de información privilegiada.

Simulación de solvencia empresarial

Los hechos probados de la sentencia se remontan a noviembre de 2010, cuando los condenados mantuvieron una reunión en Madrid con representantes de la sociedad inversora AGRUGES. En dicho encuentro, García Martínez y su socio se presentaron como "propietarios de una explotación minera de oro en Sierra Leona", asegurando estar "interesados en la obtención de financiación para la industrialización a gran escala del negocio". Para respaldar su propuesta, presentaron una estructura basada en varias sociedades (como Clifton Minerals, Shadow Minerals o Eureka Ridge). De este modo, mostraron una "seriedad empresarial que los mismos simularon" a través de planes de negocio, garantizando a los inversores que estas empresas "disponían de todas las licencias y permisos necesarios para extraer los minerales".

El 14 de enero de 2011, las partes firmaron un acuerdo por el cual los inversores se comprometían a aportar 3,5 millones de dólares para adquirir el 32% de las participaciones de la sociedad matriz. El contrato establecía expresamente que el capital "debía destinarse en su integridad a la adquisición de maquinaria para la extracción y el procesado del material". Sin embargo, la resolución del Tribunal Supremo determina que existió dolo desde el inicio, "conociendo los encausados que no iban a destinar las cantidades percibidas a la finalidad pactada ni a cualquier otra que reportara interés a AGRUGES".

Transferencias a Sierra Leona e inspección en el terreno

Entre enero y febrero de ese año, los inversores realizaron seis transferencias hasta alcanzar la cifra de 3.460.000 dólares. Este capital se envió a una cuenta bancaria en Sierra Leona, desde donde el directivo y su socio "iban retirando el dinero recibido con la simulada intención de destinarlos a la compra de la maquinaria necesaria". La sentencia especifica que, de los casi 3,5 millones recibidos, se destinaron 530.000 dólares a adquirir equipamiento industrial. El Tribunal señala que "la única maquinaria de la lista fueron dos camiones articulados, siendo el resto de lo adquirido muy cuestionable en cuanto a su estado y rendimiento". Para mantener la apariencia de cumplimiento, los condenados remitían documentos que presentaban como facturas y fotografías de maquinaria.

La realidad de la operación se comprobó durante unas visitas de inspección de los inversores a África en abril y julio de 2011. Allí constataron que "la producción de oro y diamantes era muy escasa". Además, verificaron que las licencias de Shadow Minerals eran "consideradas como no conformes" debido a impagos de tasas y falta de informes técnicos, y que las sociedades Eureka Ridge y United Africans no "constaban inscritas como compañías mineras ni como compañías dedicadas al tráfico comercial de piedras preciosas". El Tribunal Supremo concluye sobre este punto que "el elemento de las licencias formó parte de la acción engañosa puesto que la afirmación de que se disponía de las licencias necesarias para explotación no resultó cierta".

Antecedentes por fraude e impacto en Galicia

Una de las firmas utilizadas en esta estructura, Eureka Ridge, ya había sido expedientada por fraude en el estado de Oregón (Estados Unidos). En ese caso, se propuso una inversión que estimaba ingresos de 652.000 dólares en doce meses mediante la importación de 250 kilos de polvo de oro procedente de Ghana.

Con la sentencia del Tribunal Supremo firme, García Martínez ha alcanzado un acuerdo para suspender su entrada en prisión, comprometiéndose a abonar el 60% de la responsabilidad civil y a no incurrir en conductas ilegales durante cinco años. Esta situación judicial se produce escasos días después de que Eurobattery Minerals anunciara el inicio de la compra de maquinaria para su mina en Galicia, un proyecto que ahora queda marcado por el contexto legal de su máximo responsable.