ERC solo está avivando un debate fiscal viejo

El Gobierno está adoptando o promoviendo decisiones económicas –presupuestarias, fiscales y financieras– en un marco en el que se observan al menos tres carencias: las medidas no están consensuadas con la oposición, lo cual les resta recorrido; no están coordinadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y no afectan a los grandes impuestos; léase el IRPF y el IVA. Al menos no mediante una gran reforma fiscal, a lo sumo con parches y remiendos. Hay mucho ruido pero el debate, medido en miles de millones de euros, tiene poco calado.

El ejecutivo de coalición no acaba de explicar cuál es su política de fondo para el IRPF y el IVA, que no solo son los impuestos que determinan los ingresos del Gobierno, sino también de las autonomías. A cambio, va sacando pequeños conejos de la chistera con la particularidad de que algunos de ellos muerden. Es en este contexto en el que hay que situar el último debate sobre una pequeña parte de la fiscalidad en España.

Lo que sucede ahora no es nuevo. Ni por la gestión de los impuestos en las autonomías ni por la iniciativa catalana en esta materia. Cataluña lleva muchos años dominando la negociación de la financiación autonómica, cuyo modelo se ha hecho siempre a su medida, aunque no siempre dio los resultados que se esperaban desde el Palau de la Generalitat. Antes de la deriva independentista, Cataluña ya hablaba de pacto fiscal, palabras con las que quería expresar su deseo de un estatus similar al del País Vasco o Navarra: recaudar sus propios impuestos y liquidar con el Estado los servicios que éste le presta en áreas como la defensa o la diplomacia. Obviamente, el resto de España –salvo el País Vasco, Navarra y tal vez Canarias– rechaza esa idea, ya que la cesta común de los impuestos se quedaría con menos dinero para repartir.

Ahora ERC se diferencia de CiU y del PDeCAT en que no solo plantea exigencias para Cataluña, sino para Madrid, su actual competidor como motor económico de España. Lo hace a sabiendas de que las autonomías gestionan totalmente los tributos cedidos: impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, e impuesto de patrimonio, además de los impuestos sobre el juego y las tasas afectas a los servicios transferidos.

ERC tiene también en cuenta que las comunidades participan en la recaudación de otros tributos compartidos, donde tienen capacidad normativa, como en el IRPF. En concreto, en la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos y del impuesto especial sobre determinados medios de transporte; además del 50% de la tarifa autonómica del IRPF (con capacidad normativa), el 50% de la recaudación líquida del IVA (sin capacidad normativa) y el 58% de la recaudación líquida por los impuestos especiales que gravan la cerveza, el vino, las bebidas fermentadas, el alcohol, los hidrocarburos y las labores del tabaco. También el 100% de la recaudación líquida por el impuesto sobre la electricidad.

Un resultado de todo ello es que Cataluña recauda casi la mitad del Impuesto sobre el patrimonio en España y Madrid nada. Eso es cierto. También lo es que, en general, las grandes fortunas españolas eluden pagar impuestos sobre la riqueza, pero con arreglar ese problema tan llamativo no basta. Si se quiere afrontar el asunto en serio, con rigor, será imprescindible una reforma fiscal, que toque todos los palos.

@J_L_Gomez