La venta a finales de 2015 de un terreno de 9.550 metros cuadrados en Palmés (Ourense), con los restos de una rectoral, una capilla y un palomar, por parte del Obispado a un foráneo con raíces en Ourense y que puso el ojo inversor en la provincia, centró el juicio celebrado en Instancia 1 para dilucidar, en último término, la propiedad.
La demandante, Rosa Figueiras Crespo, se presenta como la legítima heredera del monasterio de Santa Comba de Naves (siglo IX) ya que pertenecía a su abuelo desde 1906. Los vecinos de la parroquia del extrarradio la apoyan. Aportó un documento manuscrito en el que se acredita -sostiene- que su antepasado se hizo con la propiedad en una subasta pública de bienes desamortizados por 9.200 reales de la época.
Su letrado aseguró ayer en la vista que “hubo mala fe por parte de la Iglesia” a la hora de vender en 2015 el cenobio y la finca por un total de 75.000 euros. “Mi clienta cree que es su obligación defender una propiedad por la que sus abuelos y padres lucharon”, aseveró al final de su intervención, pese a que el juez le cortó por exceder los ocho minutos dados para las conclusiones finales.
La demanda la dirigió contra el comprador, Román Blanco Reinosa, un CEO del banco Santander que, según dijo ayer, adquirió la finca -no fue la única- pero como “inversión personal”. Su abogado insiste en que se desestime la demanda “porque la otra parte no aporta ningún título de propiedad válido”, por lo que, según dijo, “no acredita la posesión”.
En la vista, salió a colación la contestación del exdelegado de Patrimonio de la Diócesis de Ourense, Miguel Ángel González, al Concello cuando requirió a la Iglesia en abril de 2015 para limpiar de maleza el entorno y contestó que la casa rectoral de Palmés no les pertenecía. A González, según explicó ayer, en ese momento le faltaba documentación -archivos de la curia- de “un lío” del que trató de desvincularse, dejando claro que “la historia siempre es provisional”. “Aterrizo aquí de forma inédita porque no estaba al tanto de nada”, apostilló.
Declaró por videoconferencia el comprador, quien aseguró que la operación con el Obispado, que se fraguó en Madrid, no ofrecía dudas: “Yo solo vi una finca inmatriculada, que estaba registrada, no tenía cargas o gravámenes y de buena fe la compré”.
Al ecónomo de la diócesis, Daniel Argiz, quien intervino en la negociación, no le consta la venta como tal del cenobio en 1906. “El párroco, a quien consulté cuando el posible comprador se interesó por la finca, solo me habló de la venta de unas piedras hacía muchos años, una práctica extendida en esa época para reutilizarlas en otras construcciones”, explicó en la sala de vistas. Contactó con los herederos “de los compradores de piedras” y fue entonces cuando le mostraron el documento manuscrito. Pero, según apostilló, “el notario con el que trabajamos y el abogado nos dice que ese papel no tiene validez porque pasaron más de 110 años”. Eso sí, le ofreció 3.000 euros para recomprar esas piedras. Después -añadió- retiró la oferta cuando supo que el papel no tenía validez.
Entre los testigos que desfilaron por la sala también estuvo un portavoz de la Asociación de Vecinos de Palmés. “Fue una venta fraudulenta porque la Iglesia no era la titular; y no realizó cultos en aquella capilla…”, sostuvo.
