La ciudad de Ourense se arriesga a sanciones por no tener aún zona de bajas emisiones

La ciudad carece todavía de zona de bajas emisiones (ZBE), pese a que el plazo para implementarlas venció el pasado 30 de junio. De este modo, el Concello incumple la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece la obligación de establecerla. Ourense se expone a las “penalizaciones” que el Gobierno anticipó para los municipios que incumplan la medida.

Es improbable que esta situación de ilegalidad se solucione a corto plazo. La zona de bajas emisiones ni siquiera tiene un proyecto técnico para su implantación. El contrato para que una empresa se encargue de redactarlo aún está en concurso y carece de adjudicataria, según la documentación publicada por el Concello.

Los pliegos de este contrato definen un plazo de ejecución de tres meses. Es decir, si se adjudicase y firmase la redacción del proyecto este mes, no estaría listo hasta el otoño. A esta marca temporal habría que sumarle la ejecución del plan, lo que extendería todavía más el retraso para cumplir la ley en materia de movilidad.

¿Qué son las ZBE?

Las zonas de bajas emisiones son una de las medidas estrella de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021. La circulación a los vehículos más contaminantes está restringida en estas áreas.

Aunque cada ayuntamiento tiene cierto margen de acción para definir las zonas y concretar las restricciones, los municipios con más de 50.000 habitantes deben implementarlas obligatoriamente. Es el caso de Ourense.

Ya transcurrieron más de tres años desde que se aprobó la medida. Es decir, desde que el Concello sabía que debía poner en marcha la zona de bajas emisiones. A finales de 2022, el Gobierno aprobó una prórroga de 18 meses para que los ayuntamientos implantaran la medida. Superado el 30 de junio, el Concello se mantiene a la sombra de la nueva legislación ambiental.

12.000 vecinos

En Ourense, está previsto que la zona de bajas emisiones abarque la almendra contenida en el interior de las calles y avenidas La Habana, Progreso, A Coruña, Pena Trevinca y Emilia Pardo Bazán. Se trata, a rasgos generales, del casco histórico y el centro de la ciudad. Dentro de este perímetro viven casi 12.000 personas.

Está previsto que el control de acceso se efectúe mediante lectores que registrarán las matrículas. El sistema comprobará de forma automática si el vehículo cumple los umbrales de contaminación para entrar en la zona. El presupuesto total del proyecto asciende a casi 2,7 millones de euros.

"Desinterés e inacción"

El caso de Ourense es llamativo por el dilatado retraso que va a acabar acumulando, pero otras ciudades españolas también llegarán tarde. Para la plataforma europea Clean Cities (Ciudades Limpias), “siguen en tramitación por el desinterés y la inacción previa”.

La redacción del proyecto todavía está pendiente de ser adjudicada, lo que aleja el horizonte de su implementación

“Tras más de tres años desde que los responsables locales conocían de la obligatoriedad de implantar una medida de estas características”, critican las organizaciones españolas que apoyan la campaña, “la falta de interés, la desafección y la utilización político-partidista han llevado a que una gran parte de la ciudadanía viva en ciudades donde la ley se ha incumplido”.

Desde Clean Cities aseveran que “la desobediencia ha sido manifiesta desde el principio”. Estiman que 30.000 personas mueren prematuramente en España cada año por la contaminación del tráfico: “Nadie puede poner en cuestión que estas zonas son buenas para las personas y el comercio local”.

Consecuencias

Como es lógico, incumplir la ley puede tener consecuencias. A principios de este año, el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzó “penalizaciones” para las ciudades que desobedezcan la legislación climática.

Como medida de castigo a los municipios “rebeldes” en la implementación de las zonas de bajas emisiones, desde el Ministerio se contempla cerrar el grifo económico. En concreto, reducir el apoyo financiero en medidas como las ayudas al transporte público