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POLÍTICA

El Concello acusó al interventor de cometer faltas graves en su trabajo

La Xunta tramita la petición de un expediente disciplinario al funcionario, basado en plazos incumplidos o competencias impropias
El interventor municipal, Gonzalo Alonso, durante un pleno. (MIGUEL ÁNGEL)
El interventor municipal, Gonzalo Alonso, durante un pleno. (MIGUEL ÁNGEL)
El Concello acusó al interventor de cometer faltas graves en su trabajo

La Dirección Xeral de Administración Local, ente dependiente de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, tiene sobre su mesa el escrito presentado por un edil del anterior gobierno municipal para solicitar la incoación de un expediente disciplinario contra el interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, al entender que está desarrollando su trabajo de manera inadecuada durante los últimos años.

Presentado en el registro de la Xunta el pasado 24 de mayo, fuentes de la Consellería de Presidencia confirman que "la solicitud entró y está en estos momentos en fase de tramitación", encima de la mesa de uno de los técnicos de este departamentos, un extremo que Gonzalo Alonso niega, asegurando que nadie le ha atribuido la comisión de faltas en el ejercicio de su cargo.

Las razones, consideradas faltas graves, para plantear esta propuesta por parte del que fue concejal en el pasado mandato son varias, como se recoge en el escrito. Uno de los motivos es el flagrante incumplimiento de los plazos fijados en la legislación para emitir los informes que se le solicitan de forma reiterada, "lo que de acuerdo a la ley daría lugar a responsabilidades", exponen fuentes consultadas.

Un ejemplo de esto se pudo ver en el anterior mandato con la tramitación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), cuando el interventor municipal, que disponía para emitir su informe de un plazo de tres meses que no respetó, haciendo entrega del mismo una vez fue requerida la devolución del expediente para continuar con su tramitación, lo que llevaba al entonces edil de Urbanismo, José Cudeiro, a asegurar que "era extemporáneo, entrando además en cuestiones que no le competen".


Más razones


Este segundo argumento es precisamente otro de los que se reflejan en el escrito trasladado a la Xunta, en el que se asegura que el interventor municipal aborda temas que no entran entre sus competencias, entrando en contradicción con funcionarios sí encargados de las mismas y que ya se habían abordado, como sucede con el asesor jurídico o jefes de servicio.

La denuncia ante la Xunta señala también que el interventor demora los expediente reiteradamente, en ocasiones incluso más de seis meses, o juega con los plazos a su libre albedrío para tratar de influir en los expedientes.

"O traballo do interventor é fiscalizar as contas e a parte económica, son outros os que establecen se hai modificacións, cada un ten os seus cometidos. Ademais, o entregou fóra de tempo", decía a finales de marzo el exalcalde de Ourense Jesús Vázquez sobre el informe de Gonzalo Alonso en relación al PXOM.

No es el principal documento urbanístico de la ciudad el único ejemplo de expediente que sufre las consecuencias de su paso por el departamento de Intervención. En el escrito presentado ante la Xunta también se detallan los procesos relacionados con la concesión de subvenciones para rehabilitar viviendas en las áreas de rehabilitación integral o la concesión administrativa para que los promotores de la urbanización de La Asunción utilizasen parte del subsuelo público para la construcción de los pasos a los garajes.

Para reforzar la argumentación, en la solicitud del expediente se recuerda que con estas situaciones no solo se estaría perjudicando el normal funcionamiento del Concello de Ourense, sino también que implicaría perjuicios importantes al interés público de la ciudadanía.

Otra muestra de esto es lo sucedido con los reparos del interventor a la aprobación del plan anual de limpieza que impidió mejorar un servicio fundamental, como le censuró el Consello Consultivo en un informe reciente. "A crítica realizada pola Intervención non ven fundamentada en argumentos técnicos ou doutra índole", concluía este órgano autonómico. Gonzalo Alonso se posicionaba en contra de los técnicos del servicio de limpieza o del asesor jurídico, que sí posibilitaban llevar adelante el plan de limpieza. 


Obstaculizar el acceso a la información


El juego político en el que parecen querer participar algunos altos funcionarios del Concello, encabezados por el interventor municipal, Gonzalo Alonso, y el oficial mayor, José Manuel da Cunha, ha tenido un nuevo episodio en el frustrado intento de romper unilateralmente el contrato para la adquisición de ejemplares de la prensa diaria que se ponen a disposición de la ciudadanía en las instalaciones municipales.

Empeñados en su particular guerra contra los medios, estos funcionarios han provocado una situación insólita que no se ha dado en ninguna ciudad similar a Ourense. Pese a existir un contrato suscrito de las diferentes empresas con la administración hasta final del presente año, se ratificó inicialmente una propuesta de liquidar el contrato, aunque el Concello se ha visto obligado a dar marcha atrás a esta decisión, ante la falta de soporte jurídico para llevarla a cabo, una vez que se registraron alegaciones sobre la ilegalidad de quebrar una relación contractual ya firme hasta final de año. Por esta razón, en el Concello de Ourense se han dado los pasos con los correspondientes informes técnicos para dar marcha atrás a la decisión inicial, garantizando así la presencia de la prensa en las dependencias municipales.