El Concello de Ourense ya ha formalizado el contrato para la instalación de radares y cámaras de control en las calles de la ciudad, que deberán estar completamente instaladas y en funcionamiento antes del 31 de diciembre de este año para no perder los fondos Next Generation que ayudarán a financiar su colocación. Sin embargo, se ha hecho con oposición de la tesorera, que señaló que no hay proyectos para acometer este gasto. También hay informes desfavorables del jefe de Xestión Orzamentaria y del interventor, que devolvió el expediente.
El Concello ya formalizó el contrato con la empresa adjudicataria, Valoriza, a finales del mes de febrero, y ahora deberá aprobar ahora el proyecto de trabajos presentado por la empresa para que se pueda comenzar la colocación de los cinemómetros. Una vez que estos comiencen, el plazo para su ejecución es de tres meses, pero informes técnicos del Concello advierten de que el plazo máximo para no perder la financiación europea vence antes de terminar el año, por lo que el tiempo apremia.
El Concello lleva meses dilatando la instalación de estos radares y cámaras, para los cuales ya había presupuesto tanto en 2022 como en 2023, y que deberían haber estado en marcha el verano pasado a mucho tardar. Así, el Casco Vello lleva sin vigilancia mucho tiempo por estos retrasos.
Ahora parece que no habrá marcha atrás, si bien un informe de la tesorera municipal -a la que Jácome cesó poco después de emitirlo- al que tuvo acceso este periódico señala que hay “unha imposibilidade material” de disponer del crédito para pagarlas, pues no hay un proyecto de gasto con cantidad suficiente. Un informe que salió a desmentir el coordinador municipal, Francisco Cacharro, y que sirve a Jácome de salvoconducto para seguir adelante con el expediente.
Asimismo, en este informe, la tesorera afeaba los continuos retrasos en el Concello. “Sería convinte a revisión dos procedementos de contratación que tardan dende a aprobación do expediente ata o acordo de adxudicación 1 ano e 3 meses, por causas alleas a esta tesourería, e o fan sen observar a normativa orzamentaria e contractual”, dispara la funcionaria.
Ajeno a todo eso, Jácome ha dado orden de continuar adelante, por lo que los radares estarán instalados en siete puntos fijos, en cabinas fijas laterales: Otero Pedrayo, 18; Gómez Franqueira, 35; avenida de Marín, 42; N-120, km 571; Seixalbo 10-12; Pena Trevinca, 40, y Nosa Señora da Saínza, 54. A estos se sumarían un octavo radar móvil.
