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Los concellos acogen la renta mínima pero no saben si habrá que gestionarla

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Los concellos acogen la renta mínima pero no saben si habrá que gestionarla

La iniciativa del Gobierno se aprueba hoy y llegará a 2.000 hogares ourensanos de oficio, pero no se ha definido cómo se hará

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aterrizará hoy en todo el país, con la aprobación de Consejo de Ministros, con buenas sensaciones pero dudas sobre su gestión, ya que la Seguridad Social podrá descargar sobre comunidades autónomas y concellos su tramitación. En el caso gallego, la Xunta ha pedido su transferencia, mientras los concellos todavía no conocen los pormenores de la medida, y han mostrado "temor" a sobrecostes y saturación si se suma como una nueva competencia para unos servicios administrativos engordados los últimos años. Tampoco las entidades sociales de la provincia, entes conocedores de la realidad social, saben de momento el alcance de la medida y su papel en la gestión.

Más de 2.000 hogares ourensanos aspiran a recibir antes de acabar junio y de oficio (sin necesidad de solicitarlo) el Ingreso Mínimo Vital (IVM) que se dispone a aprobar el Consejo de Ministros del Gobierno bipartito hoy. Ahí entrarían en juego entidades sociales y concellos. "De momento a medida parece boa pero non se recibiu constancia de nada por parte de ningunha Administración", avanza el alcalde de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua. Desde Pereiro de Aguiar, el alcalde, Luis Menor, confirma que no han recibido "nada de nada" al respecto, mientras han lanzado su propio plan de reactivación, al igual que el regidor de Toén, Ricardo González, que no recibió comunicaciones al respecto. Otros regidores ya comentan sottovoce tener la "mosca detrás da orella" por si su gestión implica sobrecostes.

Los concellos desconocen los pormenores. Informan a los ciudadanos, pero sin saber nada concreto. "He ido a la Mancomunidad esta mañana  por ayer) y me han advertido de que saldrá esta ayuda pero aseguraron que no tienen claras las condiciones ni cómo se hará", apunta una vecina de Celanova. 

En Cruz Roja, por ejemplo, prestan todo tipo de servicios sociales, pero sus bases de datos no se corresponderían con las medidas que va a aplicar el Gobierno, "porque nosotros atendemos a todo el mundo que tiene una situación de vulnerabilidad", sin las limitaciones por residencia o edad que la renta mínima del Gobierno contempla.

La medida es bien recibida en una provincia con uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza. 

Los primeros detalles deslizados por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dejan claro que más de 2.000 hogares ourensanos podrían recibirla de forma directa antes del final de junio. Serían aquellos con ingresos por unidad de consumo de menos de 230 euros al mes. Serían ayudas de entre 461 y 1.100 euros al mes, que se llevarían de oficio un 1,6% de las familias, es decir, 2.023 de 128.467. La prestación completaría los ingresos desde 462 euros, para un adulto que viva solo, hasta 1.100 euros en hogares de cuatro adultos. Ourense es la provincia con un menor ingreso medio de toda Galicia con una media de 1.175 euros al mes por cada unidad de consumo. 

Casi la mitad de familias tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes (un 47%), y un 23,59% de los hogares están en riesgo de pobreza, la tasa más alta de Galicia. El foco se pondrá en los hogares monoparentales, a los que les garantizará entre 700 y 977 euros, según número de hijos. Hay 11.818 hogares así en la provincia, casi un 10% del total. Los que no se podrán beneficiar son los mayores de 65 años, lo cual excluye a un 30% de hogares, compuestos solo personas de más de 65 años. Ya perciben una pensión, pese a ser las más bajas del país. 

"Hay gente que se está planteando regresar a Venezuela"

El problema en los retrasos de la petición de asilo y la situación irregular de muchos venezolanos  se ha agravado durante la pandemia. "Habitualmente, se demora un año la cita para una entrevista, y esos trámites se han paralizado, con lo cual hay muchos sin poder regularizar sus situación", apunta Daysi Ramírez, de la asociación Cantaclaro. 

En 2019, se produjeron 379 peticiones de asilo en la provincia, a las que se suman otras 122 en los primeros cuatro meses de 2020. Esto deja a medio millar de personas desamparadas a la espera de la resolución de sus trámites, ya que no pueden trabajar, pero tampoco optar a ayudas. "Hay gente que está desesperada, todo está en el aire, muchísima gente el paro. Gente que trabajaba temporalmente que se ha quedado sin nada.Hay personas que ya están pensando en regresarse a Venezuela, el problema es que ni siquiera puede comprarse ahora un pasaje, y tienen que pagar hasta 3.000 euros", indica Ramírez. Por un lado, los que siguen esperando por el asilo no pueden trabajar  y tampoco pueden acceder a ayudas como la renta mínima.   El ministro de Seguridad Social ha asegurado en diferentes ocasiones con que solo los extranjeros con residencia legal durante un año podrán beneficiarse del ingreso mínimo vital, lo cual pone en un limbo a gran parte de ellos. "Una gran parte de venezolanos no ha tenido nunca un contrato, al estar en economía sumergida por no tener permiso de trabajo, lo cual impediría acceder a estas ayudas", dice Ramírez. En este sentido, gran parte de los venezolanos que han ido llegando a la provincia –en 2019 se batió un récord– no está en situación legal. "En Galicia está tardando un año para obtener la carta blanca", relata. "Estamos recurriendo a Cruz Roja, Cáritas y los concellos para dar cosas básicas", confirma. De hecho, en Cruz Roja prestan ayuda "a todo el que la necesita", sin entrar en condicionantes sobre la regularidad de su situación.