La Guardia Civil, que ayer estaba de celebración, es la encargada de salvaguardar la seguridad en la provincia. Sus cuarteles en 33 concellos dan servicio a la población rural. Los agentes llegan antes y están en contacto permanente con la idiosincrasia de cada localidad.
Este 2023, Ourense cuenta con un total de 860 guardias civiles, uno por cada 357 habitantes. Son nueve menos que el año anterior. Sin embargo, las jubilaciones y los desplazamientos han dejado el 8% de vacantes sin cubrir, que elevaría más la cifra.
Este año, la provincia tiene la cifra de personal más baja desde que empezó la pandemia, cuando había 869. Sin embargo, todavía no alcanza el nivel de 2015, cuando había 826 agentes.
Ourense es una de las provincias de España con mayor número de guardias civiles por habitantes. Se sitúa por encima de la media, de un agente por cada 600 civiles, y ocupa el puesto 15 a nivel nacional.
Aunque los puestos aguantan -no se cerró ninguno en los últimos diez años-, se nota la falta de personal, según indican fuentes del cuerpo. Los pocos agentes disponibles en los cuarteles más pequeños provoca que no haya personal disponible las 24 horas, que no puedan llegar a todo y sea necesaria la intervención de desde otras localidades. Precisamente, el comandante Rafael Berguillo hizo referencia a esta problemática durante de la celebración del Día de la Hispanidad: “Esperamos y contamos con la sensibilidad de nuestros gobernantes a la hora de mejorar las condiciones laborales de los componentes del Cuerpo, así como las infraestructuras y medios con los que contamos”.
En cuanto a los que cerraron, el último fue en Entrimo en 2013, cuando también se clausuró un puesto auxiliar en A Mezquita. Algunos se mantienen en pie con importantes deterioros que obligaron al gobierno a invertir más de 3,5 millones para acometer obras en puestos como el de A Rúa, Celanova o Verín.
Con todo, el balance es bueno. El mismo mando indicó durante la fiesta del Pilar que se enfrentan a una serie de objetivos que ocurren de forma reincidente en la provincia. “Nuestras principales fuentes de desvelos siguen siendo la lucha contra la violencia de género, la ciberdelincuencia y los incendios forestales”, afirmó el comandante.
La falta de personal dificulta el acceso de la población a las autoridades
La falta de personal en algunos puestos de la provincia dificulta en ocasiones el acceso de la población a las autoridades, incluso cuando se trata de un caso urgente. Así le ocurrió a Feliciana Romero, una vecina de Muíños que fue atacada por los cuatro pitbulls de su vecina el pasado 26 de enero. Intentó poner una denuncia, pero no había guardias civiles trabajando para tramitarla. Tras pasar por tres localidades, terminó yendo a la comandancia de Santa Mariña.
La septuagenaria había ido a buscar unas berzas a una finca cercana a su vivienda cuando, detrás de ella, aparecieron los perros de su vecina -tres pitbull y uno mestizo- y se abalanzaron sobre ella. La agarraron por las piernas y la tiraron al suelo. Mientras se sujetaba la nuca, boca abajo, los canes le mordieron la cara y le arrancaron el pelo, dejándola herida de gravedad.
Aunque al poco tiempo acudió una unidad de Seprona a investigar lo sucedido, los perros quedaron allí. A Feliciana le urgía denunciar para que ordenasen llevarlos, “porque continuaban en el mismo sitio”. Sin embargo, afirma que pasó una odisea para hacerlo. Era fin de semana y les obligaron a recorrer varios cuarteles hasta dar con la Comandancia, retrasando así que la víctima pudiese poner la denuncia.
Avance en Barbadás
El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Barbadás podría empezar a construirse a principios de 2024. El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, señala que los trámites avanzan rápido y que es probable que “antes de final de año se lleve a pleno”. Una vez se apruebe, ya podría comenzar la obra.
Además, especificó más con la ubicación del edificio. Se instalará en A Valenzá, junto al centro de salud, tal y como decidieron estratégicamente desde el Instituto Armado. El centro está pensado para acoger a 40 agentes, que conformarán un puesto integral que preste todos los servicios de seguridad ciudadana. El local deberá tener al menos 400 metros cuadrados de superficie y plazas de garaje adaptadas a los entrenamientos de los agentes. El puesto de Santa Mariña, mientras, continuará funcionando.
Desde el gobierno municipal celebran esta incorporación porque supondrá un revulsivo para el comercio, la vida social y la seguridad de la localidad. Además de la presencia de nuevas familias.
