Los daños colaterales de la crisis: más pleitos por insolvencias y delitos en Ourense

La oficina del registro y reparto del partido judicial de Ourense es un termómetro de alta precisión. Todas las denuncias o demandas que llegan a los juzgados entran por esa puerta, la primera de muchas. Pleitos que sirven para evaluar el nivel de inseguridad ciudadana, la crispación social, la salud de las empresas ourensanas y ofrecen una amplia mirada sobre la situación económica de la provincia. Con un total de 19.862 asuntos repartidos a lo largo de 2022, los juzgados cerraron el año con unos tenues brotes verdes en cuanto a la evolución de la litigiosidad: 277 menos con respecto a 2021, pero más que en el año que estalló la pandemia sanitaria. Pero las bajadas y subidas fueron por barrios, sin vítores porque los datos son malos en los principales indicadores. Hubo más demandas civiles, sobre todo por impagos de facturas y deudas de morosos; más denuncias en la vía penal, sobre todo porque hubo más delitos patrimoniales y violencia de género, y más recursos contenciosos, los pleitos de los ciudadanos con las administraciones. Por contra, bajaron las causas que se dirimen en la jurisdicción social, donde llegan los conflictos entre empresas y trabajadores. En 2022, descendieron un 15% con respecto al año anterior. Las pocas empresas y los muchos pensionistas y funcionarios tienen su reflejo en las demandas que resuelven los cuatro juzgados radicados en la ciudad pero con competencia en toda la provincia. Juzgados de primera instancia de Ourense Los siete juzgados de primera instancia (civiles) de la ciudad no tuvieron un 2022 liviano (9.275 demandas). En 2021, le entraron 9.133 cuando en 2020 apenas sobrepasaron las 8.000. La clave es la imparable subida de las reclamaciones de deudas. La crisis está incrementando la morosidad porque hay hogares a los que les cuesta mucho llegar a fin de mes y acumulan facturas o créditos pendientes de cobro. Para ello, los acreedores recurren a los monitorios: procedimiento judicial sencillo y muy rápido que solo exige presentar en el decanato una sucinta demanda para acreditar el impago, con soporte documental, muy habituales para los morosos de las comunidades de vecinos. Fueron 2.850 (un 11%) más que en 2021. Otras deudas con mayor tramitación judicial se solventan con reclamaciones de cantidad (a través de procedimientos verbales u ordinarios, según la cuantía exceda o no los 6.000 euros): 1.395 en el año 2021 y 1.769 en 2022, es decir, un 26,8% más. Crisis económica, en los juzgados La radiografía de la economía que ofrecen los asuntos que llegan a Instancia 4 (Juzgado Mercantil) muestra síntomas de enfermedad en las empresas de la provincia por el virus de la crisis, a tenor del número de concursos presentados por insolvencia. La avalancha se constató en 2022 tras el fin de la moratoria concursal, un mecanismo que ofrecía una dispensa temporal para los negocios que encontrándose en situación de insolvencia o muy cerca de esta se veían obligados a presentar concurso de acreedores. Hasta 66 empresas, personas físicas o jurídicas, llegaron al punto crítico de no poder afrontar las deudas en los últimos doce meses. En 2021, fueron 41 y en 2020, 26 las compañías que acudieron a la vía judicial. En cuanto a los delitos, a los tres juzgados de instrucción existentes en la ciudad les llegaron un total de 5.436 asuntos, casi 300 más que en el año 2021. Es preocupante la saturación del de Instrucción 3, que lleva también las denuncias por violencia de género de todo el partido judicial (se incrementaron y ya son más de mil al año). La oficina de registro y reparto le entregó en un año 2.189 asuntos frente a los 1.276 de Instrucción 1 y los 1.232 de Instrucción 2, entre los que se repartieron también 49 querellas. Leonardo Álvarez, juez decano y titular de Instrucción 1, constata que hay más “delitos patrimoniales, sobre todo estafas online, hurtos y robos; delitos sexuales y vemos más peleas, que siempre hubo pero ahora son con varios intervinientes (lesiones)”.