Tras más de un mes de aplazamiento, el caso de Javier Janeiro Rodríguez, alias “Javillo”, volvió este lunes a la Audiencia Provincial. El capo de la heroína vilanovés se sentó en el banquillo junto a su exmujer, Rosa Rodríguez; su hijo, Miguel Ángel Janeiro; y otros acusados para escuchar las declaraciones de nueve agentes e investigadores del caso. Este martes está previsto que declaren otros quince.
La vista estuvo protagonizada por un tira y afloja entre la letrada de Javillo, Carmen Ventoso, y la magistrada presidenta del tribunal, Ana Blanco. Esta última consideró “impertinentes” numerosas preguntas que formuló la defensa durante los interrogatorios y Ventoso realizó al menos cinco “respetuosas protestas”.
Uno de los asuntos que se trataron fue el hecho de que los agentes no detuviesen a Javillo durante la investigación pese a que estaba en busca y captura. La defensa señaló que “era un delito”, pero uno de los guardias civiles del Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) explicó que las cosas se hicieron así por el bien de la investigación. “No se le detuvo porque había más personas implicadas”, señaló el interrogado.
Otra cuestión que inquietó a la defensa fue por qué no se interceptó el vehículo que conducían los también acusados Jesús Nine Oubiña y José Alfonso García, que realizaban traslados regulares de cocaína desde la provincia de Pontevedra al garaje de la familia Janeiro. Según la letrada, en la investigación constan hasta 60 ocasiones en las que fueron vistos o grabados por cámaras, sin embargo, un guardia civil declaró que así lo hicieron por seguridad: “Si cada vez que sospechamos que un vehículo lleva droga lo paramos…teníamos que tener la certeza”, aseguró. Estos dos colaboradores del entramado, se desplazaban juntos en coche. Uno de ellos conducía hasta la ciudad, paraban brevemente en un bar y contactaban, presuntamente, con Miguel Ángel Janeiro. Una vez tenían el ok, realizaban un intercambio de asientos -el piloto pasaba a copiloto- y realizaban la entrega.
Durante la primera sesión del juicio, José Alfonso García no admitió el delito y trató de exculpar a Javillo entregando a los magistrados una carta manuscrita en la que admitía que iba a realizar una entrega a un hombre con una descripción física distinta a la del capo. Por su parte, Jesús Nine Oubiña aseguró que cuando lo detuvieron “no sabía que estaba transportando droga”.
"¿Puedo decir algo?"
A Rosa Rodríguez, la exmujer de Javillo, la fiscalía le pide ocho años de prisión y el pago de una multa de 50.000 euros por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia.
Durante la primera sesión, celebrada el 2 de octubre, señaló que “no vendía droga, sino que la consumía”. Este lunes, pese a que no le correspondía declarar, intervino hasta en dos ocasiones para pedir “decir algo y cambiar el testimonio” ante la jueza. Aunque le mandaron guardar silencio, trató una segunda vez de tomar la palabra. Fue nuevamente advertida de que podría ser expulsada. Fue informada de que podría hablar en su derecho a la última palabra.
La letrada preguntó a la mayoría de los agentes interrogados si habían presenciado o podido probar que Rosa participase en las transacciones. Todos ellos dudaron. Un policía de Vigilancia Aduanera indicó que “Rosa entra y sale varias veces en el garaje de la calle Vinteún, pero no podemos asegurar que coincidiese con Libanel (un imputado por facilitar hachís desde Sevilla o Ponferrada a la organización)”.
Los investigadores tenían instalada una cámara que se activaba con movimiento y que apuntaba a este importante punto del entramado. Ventoso no vio clara la legalidad de su uso, pero tanto un guardia civil de la EDOA, como un agente de aduanas explicaron que no necesitaban autorización para emplearla.
No hay indefensión
La defensa trató de repetir las pruebas realizadas en la primera sesión, el pasado 2 de octubre, cuando tuvieron lugar las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados. Sin embargo, el Tribunal no admitió la petición porque al no haber pasado 30 días, “no hay indefensión”.
Al cabecilla de esta operación, llamada Reditus, le piden ocho años de prisión y el pago de una multa de 50.000 euros. Lo mismo a su exmujer. Por otra parte, al hijo de ambos le solicitan seis años y medio de prisión y el pago de 43.500 euros de multa.
