Hugo Morán, secretario de estado de Medio Ambiente, lamentó ayer los daños sociales, económicos y ambientales que los desembalses han provocado este verano en Galicia, Zamora y Extremadura, comprometiéndose a articular los medios necesarios para que esta situación no vuelva a repetirse. Así lo trasladó a la Federación de Asociaciones de Municipios con Centrales Hidroeléctricas (Femembalses) con quien se reunía en la mañana de ayer en la sede del Ministerio.
A este encuentro asistía el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández, acompañado por el presidente de Femembalses, Francisco Torrecilla, y la secretaria general, Maité Bardají. La secretaria general, que actuó como portavoz del colectivo, destacó la predisposición del Ministerio para atajar este problema y reconoció que la modificación del artículo 55 de la Ley de Aguas el pasado 16 de septiembre contribuirá a evitar que estas situaciones se repitan. “Nos tranquiliza esta implicación del Ministerio, ya que con la Ley de Aguas cualquier modificación en los caudales se tiene que introducir en los planes de cuenca. Los municipios tenemos que disponer de mecanismos para defender los hechos que ocurren en nuestros términos municipales”, dijo Bardají.
Maite Bardají explicó que una de las primeras decisiones tras los problemas de este verano ha sido la creación de una mesa de diálogo entre Iberdrola y la Asociación de Embalses de Zamora.
Los acuerdos a los que se lleguen en esta mesa de diálogo no serán exclusivos entre estas dos partes, sino que se trasladarán a la Secretaría de Estado para compartirlos con el resto de municipios que pertenecen a Femembalses. De esta forma, servirán también para las negociaciones que se lleven a cabo en el resto de las cuencas hidrográficas entre compañías eléctricas y los municipios afectados. A través de Hugo Morán la Federación supo que Iberdrola había entendido los daños que se habían producido y que no se debían volver a repetir ni en ésta, ni en otras regiones.
Compensación económica
En este encuentro también se abordó la situación de la caducidad de las cesiones, donde Femembalses defendió que cualquier negociación tiene que contar con la participación de los municipios cedentes. “Queremos y debemos participar en la toma de decisiones, porque hasta la fecha ni todas las cuencas, ni todas las confederaciones hidrográficas han tomado las mismas medidas”. Maite Bardají argumentó que los mayores perjudicados en las decisiones que se tomen son los municipios, ya que se enfrentan a un escenario nuevo con una reducción muy importante de ingresos”. En este sentido defendió que, como zonas cedentes, deberían contar con una compensación, tanto por los años de ocupación, como por no haber podido utilizar los mejores terrenos. Algo que habría que regularizar a nivel normativo para los municipios afectados.
Femembalses también ha arranzado el compromiso de mejorar la "transparencia" en la información relativa a los embalses, concesiones y gestión del agua, así como la colaboración del Ministerio para presentar alegaciones a los respectivos planes de cuenca cuando sea necesario, ya que no siempre tienen personal y medios para ello.
DEMOLICIÓN DE LAS CONCESIONES CADUCADAS
Hasta el año 2020 existían un total de 21 concesiones hidroeléctricas caducadas. El Gobierno ha ordenado demoler 12 de ellas. Hasta el año 2031 el Estado recuperará una treintena más sin que haya tomado una decisión sobre el futuro de las mismas. Este es uno de los temas que también preocupa a la Federación porque entiende que cada presa tiene unas características distintas. Desde las que se pueden estudiar prórrogas a las concesiones hasta las que hay que derribar y compensar a los municipios afectados.
