Golpe al gobierno local: el juez anula parte del presupuesto

Revés para la gestión de Gonzalo Pérez Jácome al frente del Concello de Ourense. El presupuesto de 2020, el primero aprobado en seis años y que se prorrogó al ejercicio actual, acaba de ser parcialmente anulado por la Justicia, dejando sin efecto el capítulo de personal, que consume un tercio del gasto municipal. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, José Andres Verdeja, estimó el recurso de la CIG al considerar que se ha “vulnerado el derecho de negociación” de los sindicatos en el apartado de personal de las cuentas municipales.

El juez entiende que queda demostrado que aunque se escucharon las demandas de los sindicatos, no se convocó una mesa general, por lo que “se ha vulnerado el derecho de negociación”. Señala que hubo “modificaciones sustanciales” de la situación reflejada por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) , saltándose la obligación que establece la legislación vigente.

Además, condena al Concello a convocar en un plazo de 20 días una mesa general de negociación y ordena anular todos los actos en materia de personal que se hayan aplicado en 2020 sin negociación con la parte sindical, un extremo este que puede poner en jaque procesos selectivos recientes como el de los trabajadores de servicios sociales y también contrataciones en los Bomberos, Policía Local e incluso en otras áreas, como las de Inteligencia Artificial. Eso se determinará cuando los informes jurídicos que la oposición piensa solicitar así lo indiquen. Y es que la sentencia no es firme, cabe recurso, y el gobierno local piensa utilizar esa vía.

Informes en contra

Esta decisión del juez era algo que “se veía venir”, según indican tanto sindicatos como distintas fuerzas políticas. Y es que el informe económico financiero del interventor en enero de 2020, previo a la aprobación del presupuesto en abril, apuntaba “vicios” que podrían derivar en la nulidad de los mismos. Entre ellos, situaba la ausencia de negociación colectiva, una “deficiente presupostación” de los gastos de personal, o que se infringían normas obligadas como el artículo 38 de la Lei de emprego público de Galicia. El gobierno siguió otros informes, como el de la asesoría jurídica, que sostenía que no había modificaciones de la RPT, visión que no comparte el juez.

Jácome calla, la CIG critica su falta de diálogo y el PP señala a Recursos Humanos

El sindicato CIG habla de “menosprezo absoluto” de Jácome con los derechos de los trabajadores.”Quen se nos presentaba como o campión da transparencia e da liberdade resultou ser o campión do ‘ordeno e mado’ e da instrumentalización das institucións públicas”. Mientras, desde el gobierno local se limitaron a reseñar que estudiarán la posibilidad de recurrir

Por su parte, Ana Morenza, concejala del PP que llevaba Facenda en el gobierno cuando se aprobaron las cuentas, mostró el “respeto” a las decisiones judiciales, y recordó que “no invalida” el presupuesto, sino que anula el capítulo de personal “única y exclusivamente”, en base al informe del interventor, que aseguraba que se modificaba la RPT de 2014 “en nueve bomberos, que pasaron a ser bomberos conductores”. Recuerda Morenza que el director de Recursos Humanos (nombrado por Jácome) manifestó que no se modificacban condiciones económicas ni laborales y que se llevó a mesa de negociación. Y recordó: “Los informes del capítulo y el anexo para elaborar los presupuestos son de exclusiva responsabilidad de RRHH, y desde esa concejalía se manifiesta que todo se hizo conforme a la ley”.