El interventor ve la gestión del ahorro del Concello “próxima ao fraude de lei”

El gobierno de la ciudad ha incorporado del remanente de tesorería que el Concello tiene en el banco (que quedó sin ejecutar en otros ejercicios) casi 85 millones de euros en solo cinco meses sin esperar a que se liquidase la cuenta del ejercicio anterior (como ordinariamente ha de hacerlo) y con una praxis administrativa “moi próxima ao concepto administrativo de fraude de lei”, según el interventor municipal, encargado del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria del municipio. Esto podría traer problemas a las obras financiadas con este dinero, como Concordia o la Plaza de Abastos.

Al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, le entran las prisas para que los ciudadanos puedan ver algún proyecto finalizado. Para ello, entre enero y mayo ha utilizado un dudoso procedimiento para incorporar 84,9 millones de fondos no ejecutados en ejercicios anteriores (como ejemplo, solo logró invertir el 8% de lo previsto en 2021), pero antes de que se hubiera liquidado la cuenta del año anterior (como corresponde) y sin seguir, aparentemente, el marco legal establecido para poder adelantar estos plazos. Es decir, ha esgrimido motivos de urgencia sin justificar o la existencia de proyectos con ingresos afectados (que necesitan incorporar el dinero obligatoriamente) irregulares, bordeando el fraude, al incluir financiación de agentes externos con cantidades irrisorias para justificarse o invocando la urgencia sin ninguna justificación. Además, tampoco presentaron las certificaciones de que había crédito, pese a que el interventor las pidió “en reiteradas ocasións”. Así lo recoge en un informe solicitado por el PSOE a petición de los exediles de DO, ahora en Coalición de Centro Democrático (hace falta al menos un tercio de la corporación para pedirlo). Esto germinó en el pasado pleno, tras la moción de los exediles de DO, en la que consiguieron aglutinar una mayoría para solicitar un pleno extraordinario y fiscalizar la dudosa gestión económica de Jácome, que se hará en base a este informe, tras advertir de que el alcalde sacaba dinero de las arcas con dudosos movimientos sin esperar a que se liquidase el ejercicio y sin informes preceptivos, afectando a la “solvencia y liquidez” del Concello.

El interventor lo pidió

Tras alzar la voz los ex ediles de DO, el interventor llegó a tomar la palabra, un gesto insólito en un pleno, incidiendo en que había “irregularidades” en la incorporación de remanentes de tesorería y recomendando a la oposición que le solicitaran un informe para explayarse. En aquella sesión, la concejala de Facenda, Ana Morenza (PP), defendió la legalidad de los movimientos, recordando que la reincorporación de remanentes se hace “todos los años” sin pedir certificación.

Tras ese pleno, el PSOE siguió la recomendación y pidió el informe, en el que ahora el interventor corrobora las irregularidades y va más allá, al advertir de que la praxis administrativa está “moi próxima ao concepto administrativo de fraude de lei”, precisamente tras anular la Justicia la modificación de 62 millones de 2021.

El interventor sostiene que omitir sus informes, que son preceptivos, son “causa de nulidade”, pero relata que el Concello sigue una práctica próxima al “fraude de lei”, como recabar financiación externa “por moi pequena que sexa” para sus proyectos, para así justificar que necesita el dinero para cumplir los plazos y “eludir as regras” para incorporar el remanente. Como ejemplo, justificó la incorporación de 7,6 millones para las rampas de Concordia, instalar un ascensor en Avilés de Taramancos o varias obras en el centro pidiendo para cada proyecto 1.000 euros a la Diputación, menos del 0,1% del total. “Hoxe en día faino a través da implicación da Deputación, e mañá a través de calquera outro axente financiador externo, como podería ser unha asociación de veciños que financie cunha contía irrisoria calquera actuación municipal”, precisa.

Ven como "urgente" lo que es "falta de eficiencia"

Tirón de orejas a la gestión municipal. No solo aprecia posible “fraude de ley”, sino que advierte de que el gobierno local viste como “urgencia” lo que es “falta de gestión”. El gobierno local confunde, según el interventor, “a urxencia derivada de circunstancias imprevisibles” con una “urxencia que deriva da falta de eficiencia na xestión pública”. Es decir, gran parte de los 85 millones se utilizan esgrimiendo que es urgente gastar ese dinero, cuando no haberlo ejecutado antes es consecuencia de mala gestión en ejercicios anteriores, por lo que no sirve como justificación.

La obra de la Plaza se paga en base a una “subvención inexistente”

Otro tirón de orejas del interventor llega con la incorporación de remanente con cargo a recursos “inexistentes”, como en el caso de la reforma de la Plaza de Abastos. Mientras está pendiente de resolución un recurso del Concello contra la primera anualidad de la subvención y ya se ha perdido la segunda, el gobierno local incorporó del banco dinero “con cargo a unha subvención inexistente” sin que el recurso se haya resuelto siquiera, por lo que han pagado la obra de la Plaza sustentada en una partida que no llegó. “Carece de toda cobertura orzamentaria”, insiste el servicio de Intervención, que advierte de la “nulidade de pleno dereito”.

La modificación de 45 millones sacará adelante, al menos, las partidas sociales

Mañana está previsto llevar a pleno la modificación de 45 millones para utilizar remanente, ya con el ejercicio anterior liquidado, lo que da más cobertura legal. Está por ver si finalmente irá a este pleno, ya que deben ser fiscalizados todos los lotes para llegar a tiempo.

En la oposición, al haber conseguido llevar 17 expedientes distintos y no uno conjunto, se muestran abiertos a apoyar algunas partidas, especialmente del área social. Más discrepancias genera el Bamio y otras partidas sin concretar, sobre todo a PSOE y críticos. Ciudadanos ya ha dicho que apoyará y el BNG se abre a aprobar una parte.