El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, inicia un camino hacia lo desconocido, mientras la hucha de los ahorros se vacía y su propio gobierno reconoce abiertamente que comete irregularidades para gestionar. Los técnicos, como el jefe de Gestión Presupuestaria, advierten que solo quedan 22 millones de remanente de tesorería y que ya no se podría hacer frente a las deudas. El interventor, por su parte, ha alertado de las continuas irregularidades y en el pleno extraordinario del pasado lunes salió a la luz que el gobierno local reconocía -así lo recoge un informe del coordinador general, Francisco Cacharro- que tuvo que cometer irregularidades con el bono comercio.
Dos expedientes de cese
Ante esta tesitura, el alcalde continúa con su huida hacia adelante y quiere el camino despejado, con las menores trabas posibles. Así, ayer notificó al interventor, Gonzalo Alonso, un habilitado nacional que es el máximo órgano fiscalizador de las finanzas del Concello, que ha abierto un expediente de cese para acabar con él, una medida nunca antes vista a nivel estatal entre los interventores que han ganado plaza por concurso. Este expediente de cese es el segundo que inicia entre los altos funcionarios, el anterior fue contra la tesorera municipal, María Belén Rodríguez Tourón, cuyos trámites siguen pendientes. Jácome se lanza así contra los dos funcionarios que fiscalizan las cuentas.
"Lawfare"
En el caso de la tesorera, el alcalde la intenta apartar por “tiquismiquis”, pero con el interventor va más allá. Le acusa de “obstruccionismo continuado en el desempeño de sus funciones” y “lawfare, guerra jurídica”, utilizando, dice, “técnicas diversas, entre ellas la de no informar expedientes, como es su obligación, y así bloquearlos”.
Ahora se ha abierto el plazo de alegaciones por parte del interventor, pero Jácome avanzó también que estudia incoar un expediente disciplinario a Gonzalo Alonso. Posteriormente, se pedirá un informe preceptivo (pero no vinculante) al Estado, y en caso de que concluya en propuesta de cese, al interventor le quedaría la vía judicial para revocar el cese. En todo caso, al ser funcionario de carrera debería ser colocado en un puesto similar y con las mismas condiciones.
Irregularidades
Todo esto llega un día después de que en el pleno municipal de este pasado lunes saliese a la luz el informe del coordinador general, Francisco Cacharro, contratado por Jácome, que, ante el reparo del interventor por los bonos comercio, reconoce en su página 33 que el gobierno local directamente opta por cometer ilegalidades y fraccionar contratos. “Sometido a un dilema entre continuar irregularmente coa tramitación do expediente en ausencia do RC (documento contable que acreditara a existencia de crédito axeitado e suficiente) ou ben aceptar o criterio da Intervención, aínda que o considere erróneo e aínda que este non poida ser legalmente vinculante”, reconoce el city manager, que, a continuación, asevera que “neste concreto expediente optouse por resolver este dilema mediante a súa continuación, ao non compartirse o criterio da Intervención”.
No solo se queda ahí, sino que el alto funcionario afín a Jácome llega a reconocer que según él las bases de ejecución de los presupuestos del Concello “conteñen unha regulación claramente ilegal”.
Y esto llega también cuando el jefe de Gestión Presupuestaria, Julio Fontaíña, lleva semanas advirtiendo de que el remanente de tesorería ya no es suficiente para atender deudas pendientes y da un tirón de orejas al gobierno local. “Este órgano quere reiterar a necesidade de implementar os elementos precisos para unha axeitada planificación e execución orzamentaria que permita un mellor funcionamento deste Concello dende un punto de vista de tramitación do gasto, así coma permitindo o cumprimento dos requisitos legais de subministro de información”. ¿Será el siguiente?
¿Puede un alcalde sancionar a un funcionario?
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En su Título IV se recoge el régimen disciplinario, que explicita qué órganos tienen competencias a la hora de sancionar a un miembro del funcionariado.
Concretamente, en el Artículo 62 se especifica que una sanción disciplinaria por falta muy grave es competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, sobre quien recae la potestad de separación del servicio a los funcionarios.
Por otro lado, las comunidades autónomas podrán imponer una suspensión de funciones y destitución en los casos que no sean competencia del Estado. Mientras que la corporación local tendrá capacidad de acción "cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves".
