La jueza concluye que hay “indicios unívocos” para que un tribunal popular juzgue a los gemelos Deprado por asesinato y el robo de armas de la Comisaría. Cree que la rivalidad profesional les llevó a urdir una plan con la víctima para perjudicar a compañeros
La peor versión de los celos mata. En el ámbito privado y profesional. Esta es la conclusión a la que llega la jueza Eva Armesto tras algo más de siete años de investigación, plasmados en 56 tomos, y algo más de 20.000 folios en relación a la muerte violenta del agente Celso Blanco en la quinta planta de la Comisaría de As Lagoas.
La instructora notificó ayer el auto que da por finiquitada la instrucción para que sea el tribunal del jurado el que enjuicie un ajuste de cuentas entre policías. A lo largo de 158 folios mantiene el esquema inicial de la imputación, cuando el 19 de enero 2018 ordenó detener a los hermanos gemelos Bernardo y Roi Deprado Lahoz por un supuesto delito de asesinato y sustracción de seis pistolas del armero de la sede policial.
Un caso con "No pocas dificultades"
La togada habla de “múltiples e inequívocos indicios” para sentarlos en el banquillo de la Audiencia, pero también de dificultades porque nada es lo que parecía. La simulación de un delito de suicidio -sostiene- “hizo extraordinariamente dificultoso el hallazgo de evidencias”.
En el caso de que finalmente el asunto llegue a juicio, ya que el auto va a ser recurrido ante la Audiencia de Ourense, sería la primera vez en la provincia que un jurado vea alineadas las tesis del Ministerio Público y la defensa en una imputación por asesinato. La fiscal del caso reclamó en varias ocasiones el sobreseimiento. Considera que Blanco se suicidó el 9 de abril de 2016 con un tiro en la cabeza procedente de unas de las armas robadas. Él las había sustraído y su detención era inminente.
La instructora no lo comparte, y sostiene que ambos agentes, amigos de la víctima, “actuaron de forma conjunta y planificada”. Antes de disparar al perjudicado, según esa versión, se hicieron pasar por Blanco para en una serie de correos electrónicos y mensajes de wasap asumir la autoría del robo de las armas -hechos denunciados en septiembre de 2014 y febrero de 2015- y el envío del anónimo a la Unidad de Asuntos Internos de Madrid que desembocó en la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas. Ese escrito sentó en el banquillo a cuatro policías del grupo de estupefacientes (fueron absueltos porque la Audiencia consideró ilegales las escuchas que dieron pie a la acusación). Ahí, según la jueza Armesto, está el nudo gordiano. Los hermanos Deprado Lahoz y Blanco se vieron ninguneados. En el auto, une a los dos investigados, quienes desempeñaban “funciones de importancia en la comisaría”, y a la víctima en una relación de amistad y la afición por el tiro. Pero al marco se movió y, con la llegada de un nuevo comisario, Amable Valcárcel, “se vieron desplazados por otros compañeros policías, fueron trasladados de su puesto de trabajo y privados del uso de la galería de tiro”.
Los celos mataron al policía
Y los celos se deturparon. “Los dos hermanos se sintieron menoscabados profesionalmente, querían continuar con sus funciones, con sus despachos y con el uso de la galería de tiro”. Al verse privados de todo ello, “trataron de perjudicar a los compañeros con los que tenían rivalidad profesional, tratando, entre otras cosas, de recuperar la plaza que tenían (Roi fue desplazado del grupo de drogas a la unidad de Atención a la Familia y Mujer) y el uso de la galería de tiro”; también -añade- trataron de “ensuciar” con la trama de la Zamburiña a los mandos policiales “por haberles retirado parte de las funciones y por otras desavenencias profesionales”.
El fallecido, según el auto, “quería mejorar en su profesión, pues ambicionaba el puesto de armero de la comisaría” y tomó parte en el plan inicial. No había sangre de por medio, sino una serie de rastros falsos de acceso a datos reservados con las claves de otros policías para perjudicar a los titulares y el robo de armas del búnker policial para embarrar al comisario y su núcleo duro, entre los que estaba el nuevo jefe de Estupefaceientes, Antonio Rodríguez. La génesis de la Zamburiña.
Los delitos subieron de nivel, a juicio de Armesto, cuando los gemelos comenzaron a sospechar de Celso. “Temerosos de que su compañero terminara por confesar, prepararon su muerte”, destaca.
En el auto, se responsabiliza a Bernardo, el amigo y compañero del fallecido en el gabinete prensa, del único disparo que entre las 15.55 y las 17.00 horas del 9 de abril de 2016 recibió la víctima. Roi lo trasladó y recogió del parking de la comisaría ocultándose en el maletero y evitando la zona de control de entrada a través de un pasadizo secreto. “Para evitar la investigación, trataron de simular un suicidio mediante la realización de un único disparo, la colocación del arma sobre la mano del fallecido, introduciéndola debajo del pantalón, manipulando el lugar en que se produce la muerte para asegurar la detección de residuos de disparo en la mano que lo efectúa, realizando el envío de un correo electrónico desde el correo del fallecido atribuyéndose la autoría de los anónimos y de la sustracción de las armas y realizando el envío de un mensaje desde el teléfono a un grupo de WhatsApp”, asegura la magistrada, quien resalta que actuaron así “para hacer que las autoridades creyeran que su compañero había decidido acabar con su propia vida por sentirse culpable”.
Armesto optó por finalizar la instrucción sin la última prueba que pidió: una comisión rogatoria a EEUU para que Google desvele el contenido de la mensajería cruzada entre los inculpados. La Audiencia ya en más de una ocasión le había urgido un punto y final. En la causa están personadas hasta cuatro acusaciones, a falta de la Fiscalía: uno de los hermanos de la víctima, a través de un abogado de oficio; el inspector Antonio Rodríguez; el armero, Ernesto Araújo y el abogado del Estado.
