La justicia estrecha el cerco sobre Jácome, repudiado y al borde del KO

 Horas después de compararse con el mítico boxeador Muhammad Ali y su capacidad de resistencia, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, languidece sobre la lona al borde del KO, repudiado tanto por los suyos como también por un PP que en junio de 2019 le daba sus siete votos para auparlo a la Alcaldía de Ourense y que ahora, casi 15 meses después de aquella sesión de investidura, suspende ese pacto de gobierno.

Por todo ella, la etapa de Jácome en el despacho noble de la Praza Maior se consume al quedarse con el único apoyo en la Corporación de su número dos, Armando Ojea, pero también cada vez más arrinconado por los movimientos de la justicia, al haberse activado no solo un procedimiento en la Fiscalía a instancias de los cinco concejales críticos de Democracia Ourensana, sino también por una denuncia presentada por un trabajador del Concello ante un juzgado de instrucción y que fue admitida a trámite.

Al escrito de los críticos dirigido a la fiscalía se suma una denuncia contra jácome presentada en el juzgado

Más allá de la gestión política y la forma de ejercer la Alcaldía, a Jácome se lo llevan por delante las presuntas irregularidades en el manejo del dinero público desveladas por sus propios concejales, que cifran el dinero gestionado en cuatro años sin conocer su destino en unos 800.000 euros. Miguel Caride, María Dibuja, Maite Rodríguez y Manuel Álvarez –los críticos de DO que permanecen en la Corporación, tras la espantada de Mario González– destaparon la caja de los truenos sacando a la luz las malas prácticas de Jácome y el PP por fin movió ficha tras varios días en un segundo plano.

Cascada

En una mañana de locos, los acontecimientos se fueron precipitando desde primera hora, al anunciar el alcalde ourensano a través de un comunicado que había tomado la decisión de retirar las competencias a dos de los ediles críticos –Miguel Caride y Manuel Álvarez– "pola evidente perda de confianza e a falta de disposición para buscarlle unha solución ós problemas", un anuncio que se producía tras tener conocimiento de que ellos dos habían acordado dar un paso a un lado del gobierno municipal. "Máis alá da súa forma de gobernar, que son cousas que se poderían tratar, cando descubrimos feitos que consideramos gravemente delictivos demos traslado á Fiscalía", explicó Caride, apuntando que "non había outro camiño porque os datos falan de ilegalidades e certos delitos de gravidade".

Con todas las cartas sobre la mesa, llegó por fin la reacción del grupo municipal del PP, que por boca de su coordinador local, Jesús Vázquez, anunciaba la "decisión unánime" de los siete concejales de "renunciar ás competencias asignadas y suspender o acordo", recordando las "graves acusacións" vertidas sobre Jácome, al que apelan para que ofrezca las explicaciones que hasta el momento se ha negado a dar, a la espera de lo que quiera decir hoy, ya que ha convocado una rueda de prensa para ofrecer su versión. Los populares, que no descartan nada, recordaron que cualquier alianza "tense que basear no principio irrenunciable da confianza", que consideran rota.

Sin embargo, Jácome parece querer por ahora atornillarse a la silla, nombrando al único concejal que le es fiel como teniente de alcalde y aprobando en junta de gobierno (todavía con los miembros del PP en ella antes de que formalizaran su renuncia a todos los cargos) una modificación de crédito por importe de 1,5 millones.

Migajas de una gestión colapsada en una ciudad de Ourense estancada desde hace años y que estos días vive un nuevo capítulo de esa inestabilidad política a la que también está contribuyendo el huracán judicial que se está conformando en el horizonte de Jácome.