Golpe al proteccionismo de Trump

La política comercial de Donald Trump ha sufrido su mayor correctivo institucional desde su regreso a la Casa Blanca. El Tribunal Supremo de EEUU ha declarado ilegales la mayor parte de los aranceles recíprocos aprobados por decreto al amparo de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA). El presidente había convertido esa norma –concebida para situaciones excepcionales– en el pilar de una estrategia arancelaria que afectaba a más de un centenar de países y a los principales socios de Washington, desde la Unión Europea hasta China, Canadá o México.

La sentencia, de 170 páginas, no solo tumba una herramienta central de la agenda económica republicana: fija un límite constitucional de gran calado. Los magistrados recuerdan que los aranceles operan como impuestos, y que la potestad tributaria corresponde al Congreso. En un tribunal de mayoría conservadora, seis jueces –incluidos tres nombrados por Trump– han suscrito una decisión que reafirma el principio de separación de poderes.

El fallo tiene una doble dimensión. En el plano jurídico, desautoriza el uso expansivo de la IEEPA para imponer gravámenes generalizados sin autorización legislativa. En el político, golpea el corazón del relato trumpista: la promesa de financiar rebajas fiscales con ingresos procedentes de los aranceles y de forzar concesiones comerciales a golpe de decreto.

Sin embargo, el desenlace está lejos de ser un punto final. Apenas horas después de la reprimenda judicial, el presidente anunció nuevos aranceles del 10% invocando la Ley de Comercio de 1974, una de las varias normas que –según él mismo defendió en su red Truth– le permitirían seguir adelante. Entre las alternativas figuran también la Ley de Expansión Comercial de 1962 (sección 232), la sección 301 de la Ley de 1974 o incluso disposiciones de la Ley Arancelaria de 1930. Es decir: la batalla jurídica se traslada ahora a otros terrenos legales y, previsiblemente, al Capitolio.

Para las empresas globales, el mensaje es inquietante. Incluso con la invalidación parcial, pocos ejecutivos internacionales creen que la era arancelaria haya terminado. Más bien al contrario: la sensación dominante es que el proteccionismo ha llegado para quedarse bajo una u otra fórmula. The New York Times describía el nuevo escenario como aguas turbias para los negocios internacionales. La incertidumbre regulatoria –más que el nivel concreto del gravamen– es el factor que más erosiona la inversión y la planificación de cadenas de suministro.

Desde febrero de 2025, cuando Trump activó la IEEPA para imponer aranceles a Canadá, México y China, y especialmente desde el espectacular Día de la Liberación del 2 de abril –en el que anunció un arancel del 10%–, el Tesoro ha recaudado cifras récord. Algunos cálculos sitúan los ingresos adicionales en torno a 180.000 millones de dólares respecto al año anterior; otros elevan el total acumulado a 240.000 millones. La sentencia abre ahora la puerta a devoluciones que podrían rondar la mitad de esa recaudación extraordinaria, cerca del 0,5% del PIB, sin que el Supremo haya precisado el mecanismo ni el calendario de los reembolsos.

El impacto presupuestario no es menor para un país como EEUU, que afronta un déficit estructural elevado y una deuda pública que limita su propio margen fiscal.

@J_L_Gomez