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Coronavirus en Ourense
El magistrado ourensano Alfonso Villagómez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, critica con rotundidad la prohibición de la vida social en la ciudad, impuesta por la Consellería de Sanidade el pasado viernes. "Es un derecho fundamental, prohibirlo es un disparate jurídico", asegura.
La Xunta tomó la decisión para frenar el avance de contagios de covid en el municipio ourensano, en aumento continuado desde hace varias semanas. El magistrado, no obstante, recuerda que la Constitución reconoce y garantiza el ejercicio del derecho de reunión pacífica, que "no necesita" de autorización. "La ley orgánica que lo desarrolla ni siquiera contempla ningún tipo de intervención administrativa en el ejercicio privado de este derecho fundamental", enfatiza. Villagómez aclara que ni las reuniones públicas se pueden prohibir fácilmente: "Solo se pueden en los casos de que existan razones fundadas de alteración del orden público".
La directriz autonómica entró en vigor la medianoche del pasado sábado, y desde entonces los cuerpos de seguridad han intensificado la vigilancia en los diversos barrios de la ciudad. El magistrado ourensano pone el acento en la "imposibilidad" de cumplimiento de la restricción por parte de la Administración:. "La entrada por parte de la policía en un domicilio particular exige siempre la correspondiente orden judicial". En espacios públicos, Villagómez se pregunta: "¿Se convertirán los propietarios y empleados de la hostelería en policías que antes de atender a los clientes les interpelen sobre su condición de convivientes?".
En la misma línea, CIG Ourenpide critica la medida por crear "confusión e caos": "Esiximos explicacións aos gobernos das decisións que afectan a sociedade".
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