Las agresiones a ríos de Ourense aumentaron en más de un centenar en el último año. En 2022, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil emitió 319 sanciones por irregularidades en entornos fluviales, 103 más que en el ejercicio anterior.
Del total de multas registradas, la gran mayoría se impuso tras detectar vertidos ilegales en ríos. De hecho, este es el tipo de agresiones que más creció: si en 2021, el organismo de cuenca resolvió 68 expedientes sancionadores por derrames, en 2022 resolvió 151, más del doble. Las multas pueden deberse a la realización de vertidos sin control, así como por superar los valores límite de emisión de sustancias contaminantes.
Por otra parte, también aumentaron aquellas penas impuestas por derivaciones de agua (aprovechamientos de agua subterránea o superficial) irregulares. El último año se registraron 62 sanciones de este tipo, una veintena más que durante el ejercicio de 2021.
Según los datos de la Hidrográfica, las únicas agresiones que disminuyen en la provincia son aquellas vinculadas con obras en ecosistemas fluviales (ya sea en el propio río o en el entorno del caudal). La cifra pasó de un total de 86 en 2021, a 66 en 2022.
Los expedientes se incoan después de que el organismo de cuenca reciba las denuncias, ya sea por parte de un particular, una asociación o los propios guardias fluviales, encargados de realizar la correspondiente investigación.
Entes públicos sancionados
Las multas interpuestas por la Confederación Hidrográfica por agresiones a ecosistemas fluviales pueden sancionar a administraciones públicas (gobiernos locales, Diputación, Xunta de Galicia o consorcios, entre otras), a empresas o a particulares (personas físicas, comunidades de montes, comunidades de usuarios, de propietarios o de herederos).
Si bien en el ejercicio de 2021, más de la mitad de los expedientes sancionadores se dirigían a particulares (de las 206, un total de 111), la dinámica cambió en el último año, cuando se triplicaron las multas a entes públicos. De las 319 multas registradas, 139 se dirigieron a particulares; 135, a administraciones, y 45, a empresas.
En el caso de los gobiernos locales, la mayoría de las sanciones se interponen debido a un mal tratamiento de aguas residuales, que tiene como consecuencia valores irregulares en las estaciones depuradoras municipales.
Los ecologistas piden más control y vigilancia: “Hai moita impunidade”
Las asociaciones ecologistas reclaman mayor control y vigilancia de los ecosistemas fluviales por parte del organismo de cuenca. Valoran de forma positiva el incremento de las sanciones en el último año, pero aseguran que el número de denuncias todavía no responde a la realidad. “Só se denuncia unha mínima parte de todos os verquidos que hai na nosa provincia”, aseguran desde Ríos Limpos. En esa línea, demandan más actuaciones desde la Confederación Hidrográfica: “Aínda hai moita impunidade, basta con mirar os ríos”.
La asociación Ecoloxistas en Acción pide también más iniciativa: “Si no denunciamos nosotros, no vemos reacciones por su parte”. En su caso, en los últimos meses han presentado denuncias por extracciones ilegales de agua del río Limia o la contaminación de los ríos Loña, Gaiolas y Grañal, entre otras. “Deberían realizar más controles de la salud del agua y trabajar con los concellos”, apuntan.
