La posible reapertura de una céntrica discoteca de Ourense desata el temor vecinal

La inminente reapertura de una céntrica discoteca de la ciudad a la que hace cinco años se le suspendió la licencia de actividad ha puesto en pie de guerra a la comunidad de vecinos de los edificios de Ramón Cabanillas 7, Valle Inclán 3 y Santo Domingo 64 en la que reside alrededor de medio centenar de familias. Se trata de la discoteca que llevó por último nombre Macao, pero que a lo largo de varias generaciones ha tenido diferentes denominaciones, como Suite 212, Fifties o Dayamon.

El pasado mes de noviembre, un grupo de empresarios registró la sociedad -Ourensebaila SL- en la dirección de la discoteca, al tiempo que solicitaron un cambio de titularidad al Concello de Ourense, donde actualmente se está tramitando el expediente para reponer la licencia de actividad, que todavía no se ha cerrado.

Sería un caso insólito, pues a finales de 2019, a raíz de unas obras ilegales y la polémica por una fiesta de fin de año con menores, el Concello había suspendido la actividad del recinto aludiendo a “riscos serios de seguridade” tras los informes municipales que acreditaban que se habían realizado modificaciones sustanciales en el interior del establecimiento sin la pertinente licencia de obra.

Sin embargo, cinco años después, la Concejalía de Urbanismo tramita el expediente para reactivar la licencia, y habría manifestado a los propietarios que será posible si eliminan las obras hechas en su día sin permiso y se devuelve la instalación a las condiciones que tenía en 1982, primera vez que recibió licencia.

Desde Urbanismo, argumentan que la discoteca tenía la licencia suspendida, pero nunca se llegó a tramitar la caducidad de la licencia, por lo que podría reabrir al amparo del artículo 46 de la Ley de Emprendimiento de 2014 si el local está en las mismas condiciones que estaba cuando se le concedió la licencia original.

“Flagrante ilegalidad”

Ahí está el meollo de la cuestión. Permitir la apertura de la discoteca con base en una licencia de 1982 -donde no había ni normativa de insonorización ni de accesibilidad- sería, según los representantes legales de los vecinos afectados, “una flagrante ilegalidad” al estar esta discoteca inmersa en “causa de caducidad”, por lo que la licencia se consideraría “extinguida”. Consideran que de reabrir, no debería de hacerlo conforme a 1982, sino presentando un nuevo proyecto de actividad que debería “respetar escrupulosamente la normativa urbanística y sectorial vigente”.

Por último, desde la comunidad de propietarios advierten que, para más inri, en los últimos tiempos, y pese a estar clausurada la actividad, se habrían vuelto a realizar “obras no autorizadas en el interior”, lo que volvería a suponer una modificación física del local y una “reiteración de la infracción urbanística”.

La posibilidad de la inminente reapertura de la discoteca ha causado alarma entre los residentes, que han convocado para la próxima semana una junta extraordinaria para valorar las medidas a tomar.